El exfuncionario del chavismo, investigado en al menos cuatro países por lavado de dinero, entregó una serie de documentos a la justicia estadounidense con la intención de demostrar que desde sus cargos alertó de irregularidades en contratos, como los recibidos por las empresas Ovarb, Derwick y KCT en medio de la emergencia eléctrica de 2009.
Corruptómetro, 22 de septiembre de 2022. Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Desarrollo Eléctrico y expresidente de Bariven y Corpoelec, tiene el estatus de fugitivo en el Tribunal del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, donde hay un caso abierto por su presunta participación en una trama de sobornos y lavado de dinero de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Aun así, la defensa del exfuncionario del chavismo presentó en el juzgado estadounidense una moción con la que pide que sean desestimados todos los cargos pendientes contra él en esa causa.
En un intento por librarse del caso, la defensa de Alvarado asegura entre otras cosas que la acusación presentada por los fiscales estadounidenses es “defectuosa, insuficiente, contradictoria e inexacta”. Los abogados niegan que el exviceministro haya conspirado con otros funcionarios o con los empresarios Abraham Shiera y Roberto Rincón para adjudicar contratos millonarios de Pdvsa y sus filiales, o para privilegiar a los privados en el pago de facturas pendientes.
Según se lee en la moción, que fue liberada por la justicia de Estados Unidos el 15 de septiembre, Alvarado intervino directamente cuando detectó alguna irregularidad en las contrataciones de Pdvsa; ordenó siete investigaciones o auditorías que involucraban a las empresas de Shiera y Rincón; entregó información a la Contraloría General de la República (CGR) y aportó datos del Ministerio de Electricidad, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y Bariven a la embajada de Estados Unidos en Caracas entre 2010 y 2015.
“También asistió al Gobierno de Estados Unidos varios años después, proporcionando información y documentos al Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington, D.C., a la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y, como se mencionó anteriormente, a la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas”, agrega el documento en el que además refieren que los datos no fueron tomados en cuenta al momento de acusarlo formalmente.
La moción presentada fue acompañada por una serie de documentos con los que Alvarado intenta probar que alertó de irregularidades en las contrataciones de las empresas Ovarb, Derwick y KCT en la emergencia eléctrica de 2009; que no estuvo involucrado en esos casos y que, por el contrario, algunos de sus excompañeros sí participaron en ellos, como Rafael Ramírez y Eulogio Del Pino.
Lo que sabía Alvarado de la corrupción en el sistema eléctrico
Entre los documentos presentados ante la justicia de Estados Unidos se encuentra una comunicación del 08 de julio de 2010 que envió Alvarado, entonces viceministro de Desarrollo Eléctrico a Alí Rodríguez Araque, ministro de Energía Eléctrica. En la carta se presentan los resultados de una investigación que confirma un “esquema de tráfico de influencias entre empleados de Corpoelec y Pdvsa con varias contratistas del sector”, en medio de la emergencia eléctrica nacional de 2009.
La investigación inició después de que un ingeniero de la empresa Solar Turbines denunciara que el director de la Electricidad de Caracas, Luis Carlos De León, le solicitó comisiones para otorgarle contratos.
En la comunicación enviada a Rodríguez Araque, Alvarado dice que De León es el operador del esquema de tráfico de influencias y que aunque éste ya había sido destituido de todos sus cargos en Corpoelec y Pdvsa, seguía en contacto con funcionarios activos. “De León mantiene a la fecha estrechos vínculos con ejecutivos de Pdvsa como Eudomario Carruyo, director de Finanzas, Armando Giraud, consultor jurídico, Nervis Villalobos, asesor mayor a la presidencia de Pdvsa”.
Otra serie de documentos entregados a la justicia de Estados Unidos exponen que Alvarado denunció la adjudicación directa que el ministro Rafael Ramírez, exministro de Energía y Petróleo y expresidente de Pdvsa, le había dado a Ovarb, una empresa de Rincón, en 2010, de más de 250 millones de dólares.
En un Punto de Información con fecha 04 de octubre de 2011 que envío Alvarado, ya como presidente de Bariven, a Ramírez, dice que llama la atención la diferencia que hubo entre los tiempos de contratación de empresas durante la emergencia eléctrica. Menciona expresamente los contratos asignados a Ovarb, pero también los recibidos por la empresa KCT y por Derwick, propiedad de los llamados “bolichicos”, Alejandro Betancourt, Pedro Trebbau.
“Por un lado a las empresas Siemmens y Solar Turbines, les tomó del orden de un año para obtener sus respectivas órdenes de compra, y por el otro, para KCT, Derwick y Ovarb, ese tiempo fue menor de un mes. Esto debe ser de especial atención en las auditorías que Pdvsa ejecute”, dice el documento destinado a Ramírez.
Sin embargo, la orden de aprehensión y las medidas solicitadas por los fiscales fueron anuladas de oficio por un tribunal de primera instancia. Tras esta nulidad los fiscales presentaron un avocamiento ante la Sala de Casación Penal y un amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ambos desistidos al poco tiempo de haber sido presentados, y aprobado el desistimiento por ambas salas.
Actualmente Alvarado se encuentra en España, ese país rechazó la solicitud de extradición que hizo la justicia de Estados Unidos y aún no ha respondido a la solicitud de extradición presentada por Venezuela.
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