Nuevamente un escándalo dentro del Gobierno Interino de Juan Guaidó estalla aproximándose el 5E, fecha importante para seguir siendo “reconocido” y apoyado por todos los venezolanos y el mundo, fecha a la cual ha pedido hasta el apoyo de los que más abandonó, evidentemente por mantenerse ahí patrocinado por Gobiernos internacionales sin ningún esfuerzo y para seguir de alguna manera generando falsas expectativas en los venezolanos que ya no le creen.
No es secreto que cada vez menos venezolanos dejan de llamarlo presidente, para muchos ahora simplemente es Juan Guaidó, con una dudosa continuidad para muchos, la Asamblea Nacional haciendo referencia a un “Principio de continuidad” que irónicamente nació en el año 2013 por medio de una sentencia de la magistrada del TSJ Luisa Estella Morales, pieza clave del chavismo en ese año.
Hoy esa sentencia es la bandera de la Asamblea Nacional para justificar su continuidad después de cinco años de omisiones, negligencia, colaboracionismo y falsas esperanzas. Pues sí, parece que toca un año más de lo mismo, si el chavismo criminal lo permite.
Después de la nefasta o engañosa consulta popular del 12D, muchos pensábamos que no veríamos un nuevo escandalo “por ahora” del polémico interinato, pero arrancaron el año 2021 como terminaron el 2020, en caída libre. El día de ayer 2 de enero sale a la luz pública un reportaje en The Washington Post, medio reconocido estadounidense, una investigación a la cual hace unos meses ya había hecho mención la periodista Patricia Poleo en su programa Factores de Poder, justo después de la designación de Javier Troconis como Comisionado de Recuperación de Activos, del Gobierno Interino de Juan Guaidó.
Javier Troconis es reconocido no solo por sus vínculos con el chavismo sino por su estrecha relación de amistad con Diosdado Cabello, para el que desde hace mucho trabajó, pero esto no es todo, fue de los principales contratistas de Rafael Ramírez en PDVSA, hasta 10 meses previos a su designación por el Interinato.
Hoy cae sobre Troconis una nueva denuncia, según The Washington Post, Troconis propuso al Gobierno de Paraguay el pago a terceros de una comisión de 26 millones de USD por la negociación de una deuda de al menos 269 millones de USD, que este país tiene con Venezuela. Este pago no fue ejecutado, es lo que señala la investigación que TWP publicó este sábado, este nuevo escándalo previamente esperado por muchos incluyó mas de 20 entrevistas y la revisión de borradores de contratos y otros documentos que involucran a Troconis, quien evidentemente niega cualquier irregularidad.
The Washington Post:
Pero esto no termina aquí, hay otro caso que involucra a dos empresarios de Miami, Jorge Reyes y Pedro Antar, empresarios, dueños del consorcio “Caribbean Asset Recovery” .
Reyes y Antar alegan por su lado haber identificado 40 mil millones de USD en activos de Venezuela en el exterior y trabajan con el Gobierno Interino para su recuperación.
Reyes alegó que en abril de 2019 habló personalmente con Juan Guaidó para realizar el trabajo y que sostuvo mas de una docena de reuniones con altos funcionarios del interinato.
En una de estas reuniones ocurridas en diciembre de 2019 en Doral, Florida, Reyes acusa de haber recibido una nota manuscrita donde le pedían el pago inicial de 750.000 USD a nombre de una empresa en Florida propiedad de Magin Blasi, quien es hermano de Fernando Blasi, Director de Asuntos Comerciales de la embajada de Venezuela en EE.UU.
Reyes, asombrado según el Post señala que esto es una extorción, luego la investigación de este medio muestra que los funcionarios del Gobierno Interino eran precisamente Javier Troconis y Fernando Blasi, ambos niegan cualquier irregularidad y que un caso de fraude involucraba a Reyes y por esto rompieron relaciones.
Los escándalos no dejan de dejar en un muy mal escenario al Gobierno Interino, que nunca da una respuesta, una acción contundente, algo que muestre que por lo menos muestre diligencia y autoridad, pero… ¿Por qué pasa esto? ¿Qué lo hace tan recurrente?
La respuesta es muy sencilla, el Gobierno Interino no goza de cuerpos de autoridad, no goza de jueces, el derecho penal y la “amenaza” de condena no existe, esto ya lo vimos en Cúcuta, si cualquier mortal hurta o es parte de un escándalo dentro del interinato, el resultado siempre será el mismo, nada, porque no hay nada sujeto a derecho ni condena.
Esto solo conlleva a que la línea de corrupción sea más atractiva para muchos, así como lo es para Javier Troconis. La pregunta sigue siendo: ¿Juan Guaidó conoce o no su entorno? Tanta negligencia ya es sospechosa de complicidad.
El negocio es muy fácil y sencillo en entender, mientras la dictadura está bloqueada, la oposición, en un Gobierno Interino donde lo único que ha estado atento es en “recuperar” activos, ha dejado de enfocarse en su tarea real que era el cese de usurpación, mientras el régimen toma oxígeno, fuerza, y cada vez hacen que se “justifique” que las sanciones solo “perjudican” al venezolano, pero ¿Por qué perjudican al venezolano? Porque la oposición no materializa ninguna acción que facilite la posibilidad de una salida de la dictadura.
Por medios de periodistas y medios comprados solo hacen propagandas a “logros” vacíos, Alberto Ravell, Leopoldo Castillo, Carla Angola, Alberto Rodríguez, entre otros solo se han dedicado a justificar lo injustificable, a no señalar lo cuestionable, lo mismo hizo el chavismo con la libre prensa.
Cuando un país pierde la libre prensa pierde todo el poder, nosotros ya la perdimos dos veces, de la misma manera que Venevisión, Televen y Globovisión se entregaron a la dictadura, hoy vemos de una manera más actualizada el mismo trabajo del lado “opositor”.
Todos los venezolanos esperamos una aclaratoria de este hecho, que hoy se ha filtrado curiosamente en medios internacionales, las preguntas que quedan en el aire son: ¿Por qué? y ¿De donde salió la información?
Ya no se puede decir más “Vamos bien”.
Jorge Reyes y Pedro Antar fueron denunciados también por los periodistas Orlando Avendaño, Jefe Editor del Panam Post y Milagros Boyer, periodista de este mismo medio antes mencionado. Avendaño y Boyer explicaron en unos artículos una versión en la que los acuerdos de Caribbean Recovery Assets, sus directivas y todos los demás están confabulados con un esquema de soborno masivo, así como a su vez señalaron que los empresarios no tenian experiencia en este tipo de trabajo de recuperación de activos y que el consorcio fue creado explícitamente para esta operación.
Dicho acuerdo según el Panam Post en ese momento, el acuerdo negociado por Troconis estipulaba que él obtendría la mitad de las ganancias que Caribbean Asset Recovery recibiría como compensación por sus esfuerzos. Además de la demanda de un soborno de pago de 50.000 USD para asegurar el trato, una medida que contravendría la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU.
Como se ve, esto fue una crónica de un escándalo anunciado, ya no hay sorpresas.
