Tres casos de lavado de dinero arrojan pistas sobre los mecanismos aplicados en la actualidad por redes criminales para extraer el oro del Arco Minero, y colocarlo posteriormente en los mercados internacionales.
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Todos los casos tienen como factores en común que el metal precioso es extraído de minas ubicadas en el estado Bolívar. Desde allí es llevado por aire o por mar hasta Curazao, donde se define el destino en el que será vendido, a menudo valiéndose de documentos que ocultan el verdadero origen de los cargamentos.
La imputación a un empresario radicado en Miami, señalado de participar en una multimillonaria red de tráfico de oro, arroja nueva luz sobre el rol de las islas del Caribe en el tráfico transnacional de oro.
En un comunicado emitido el 23 de junio, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) estadounidense acusó a Jesús Gabriel Rodríguez Jr., propietario de la firma de transporte de valores Transvalue, del sur de la Florida, por “facilitar una operación de tráfico transnacional de oro ilícito por US$140 millones con el propósito de lavar dinero con presuntos vínculos con actividades criminales”.
Entre marzo de 2015 y septiembre de 2016, Rodríguez presuntamente usó una red de contactos para importar a Estados Unidos miles de kilos de oro extraído ilegalmente desde la isla caribeña de Curaçao, según una declaración jurada desclasificada que cita el comunicado del DOJ. La declaración jurada indicaba que el oro probablemente se “extraía y sacaba ilegalmente de Venezuela”.
Los fiscales también alegan que Rodríguez contrataba intermediarios para asegurarse de que los cargamentos de oro pasaran la aduana del aeropuerto internacional de Miami —una tarea que implicaba el envío de documentación falsa que certificaba que el oro provenía de las Islas Caimán en lugar de Curaçao.
De acuerdo con una declaración del agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) William Donaldson, los contrabandistas no reconocen que el oro viene de Venezuela, pues de esa forma eluden una Orden Ejecutiva emitida en noviembre de 2018 por el entonces presidente Donald Trump, que prohibía expresamente cualquier negociación con este mineral, si procede del país gobernado por Nicolás Maduro.
El agente Donaldson emitió esta declaración para sustentar una acusación por blanqueo de capitales contra Jesús Gabriel Rodríguez JR, quien fungió hasta este año como presidente de Transvalue INC, una empresa dedicada al transporte de valores en Florida.
La investigación contra Rodríguez JR y Transvalue está conectada con otra pesquisa sobre las actividades de la empresa NTR, que refinaba en suelo estadounidense el oro sacado de Venezuela, a sabiendas de que se trataba de un contrabando. NTR es una firma registrada en Texas, pero tiene oficinas en Doral, donde también están las oficinas de Transvalue, de acuerdo con los registros de corporaciones de Florida.
