Establecer mecanismos de gobierno locales controlados desde la alta cúpula chavista y el manejo de recursos financieros sin ninguna transparencia, serían dos objetivos de la última avanzada chavista.
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Con una nueva ley, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo quiere dar un paso más para darle el poder absoluto a Nicolás Maduro. Se trata de la Ley Orgánica de Ciudades Comunales, un mecanismo que desintegraría la organización territorial del país.
La ONG Provea, especializada en la defensa de los DDHH, califica a la iniciativa como inconstitucional porque «modifica el modelo de Estado democrático de la Carta Magna Venezolana”.
Ni en la Constitución chavista
Un análisis hecho por expertos convocados por Provea determina que el concepto comunal no existe en la Constitución Bolivariana, que está vigente en Venezuela. En todo el texto constitucional solo hay una mención a esa palabra.
Entonces, dicen los expertos, cualquier división político-territorial del país fuera de lo que contempla la constitución vigente en Venezuela sería inconstitucional.
En un comunicado, Provea plantea que las ciudades comunales sustituirán las diferentes instancias de gestión regional, local y municipal. La transferencia de recursos y competencias favorecerá a las entidades creadas por el chavismo.
Las autoridades de esas ciudades se elegirán de forma poco transparente. Y terminaría por eliminar el voto libre, universal y secreto que ya está bastante vulnerado en Venezuela.
Los expertos también advierten que la creación de entidades llamadas del «poder popular» “no ha significado la profundización de acciones democráticas ni un mayor fortalecimiento de las capacidades autónomas de las organizaciones sociales y populares.
