En Junio de este 2021 se cumplieron cuatro años desde que el régimen de Maduro decidió suspender el Programa de Procura de Órganos argumentando que existían fallas en la distribución de inmunosupresores, los medicamentos que reducen el rechazo de órganos trasplantados, hasta la fecha miles de venezolanos, entre ellos muchos menores de edad esperan un trasplante para poder sobrevivir, aunque lamentablemente en algunos casos la espera termina en muerte.
Desde el 2017, diferentes organizaciones ponen en marcha una campaña a través de redes sociales, con el objetivo de alertar al mundo y a los venezolanos que no estén enterados de la situación provocada por el gobierno al suspender el Programa de Procura de Órganos. Recordemos que en el 2014, “se inició una caída del número de trasplantes, que culminó con la notificación realizada” por la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), adscrita al Ministerio de Salud, de la “suspensión del programa de donante cadáver en todo el país”.
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En el país hay una población cercana a 10 mil pacientes renales según la Asociación Amigos Trasplantados de Venezuela, ATV. Muchos dependen de las unidades de hemodiálisis mientras logran un trasplante de riñón. Sin embargo, esos centros no reciben continuo suministro de insumos y medicamentos. Se suma a ese déficit las fallas en la infraestructura.
Aniuska Salazar es una de las madres que lleva siete años en la lucha por un trasplante para su hija Niurka, quien sufre de insuficiencia renal crónica en estadio 5, diagnosticada desde 2014, ninguno de sus riñones funciona correctamente y entro en una lista de espera desde los siete años, a la fecha tiene 14 y continúa esperando y recibiendo hemodiálisis tres veces por semana en el hospital de niños José Manuel de los Ríos.
La Organización Nacional de Trasplantes (ONTV) ha estimado que “en el caso de las personas que presentan enfermedades renales en condición de ser trasplantados, han perdido en estos cuatro años, 960 oportunidades de restituir su buena salud y calidad de vida, de las cuales 150 pudieron ser para niños, niñas y adolescentes”.
Resaltaron, además, que las personas que actualmente reciben tratamiento en unidades de hemodiálisis presentan “un deterioro importante de su condición de salud porque, en muchos casos, reciben menos horas de diálisis debido al suministro irregular de agua”, a la reducción del personal o no pueden acceder a los medicamentos.
Por último, señalaron que “la situación de riesgo de las personas que ya recibieron un trasplante se ha incrementado debido al acceso irregular a los protocolos de inmunosupresores y a la falta de vacunación contra la covid-19 que junto con las personas que reciben diálisis deben ser considerados población de alto riesgo”.
