El partido de Keiko Fujimori apelará al menos 15 actas de las autoridades electorales regionales, que este martes cerraron todas las proclamaciones descentralizadas de los resultados de la segunda vuelta electoral a favor del izquierdista Pedro Castillo. En la recta final del dilatado proceso electoral peruano, lo confirmó el abogado Julio César Castiglioni, miembro del equipo legal de Fuerza Popular.
También te puede interesar: Keiko Fujimori reconoció a Castillo como presidente de Perú
En declaraciones al diario El Comercio, Castiglioni dijo que la agrupación fujimorista apelará las 15 actas de las Jurados Electorales Especiales (JEE) que no favorecen a su candidata. El anuncio se dio el mismo día en que se cerraron las actas de proclamación de resultados en las cortes electorales regionales que aún no figuraban como “resueltas” en el sistema del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el órgano supremo electoral peruano.
De no haber impugnaciones, estas últimas actas de proclamación descentralizada quedarían, como ya pasó con las anteriores, consentidas y serían remitidas al JNE, que en este escenario estima emitir la proclamación general de resultados el 19 o 20 de julio. Pero, si tal y como avanzó Castiglioni, Fuerza Popular presenta apelaciones antes de este viernes, cuando termina el plazo legal de tres días establecido en la norma vigente, y estas son elevadas al pleno del JNE, la proclamación del vencedor de los comicios del pasado 6 de junio podría retrasarse aún más.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/3465X33R5FGFNDHRCY2RDMBJQQ.jpg%20420w)
Sesión del Jurado Nacional de Elecciones de Perú
Así, con la cuenta regresiva hacia el 28 de julio, cuando concluirá el gobierno de transición que preside Francisco Sagasti, esta nueva maniobra legal del fujimorismo, aunque prevista dentro del marco normativo, podría una vez más dilatar la proclamación oficial de quien tomará las riendas del país. ”No es problema nuestro si el proceso de proclamación se retrasa o no, es problema de quienes no quisieron dar facilidades para que se aclare el tema del fraude”, aseveró Castiglioni al respecto.
Las apelaciones a estas actas de proclamación descentralizadas son los últimos recursos posibles y, en esta etapa, ya no pueden referirse a cuestiones de huellas digitales o firmas, sino que deben presentar supuestos errores de tipo numérico. Es decir, Fuerza Popular tendría que sustentar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cometió algún error numérico y este fue consignado por las autoridades electorales regionales.
Tras este anuncio, el partido de Pedro Castillo denunció “maniobras dilatorias”. Ana María Córdova, la personera legal de Perú Libre, la organización con la que se candidateó Castillo, aseguró que la decisión de Fuerza Popular va en contra de “los deberes de lealtad y buena fe previstos en el artículo IV del Código Procesal Civil y constituye un ejercicio abusivo del derecho”.
En ese sentido, Córdova aseguró que instarán al JNE a que aceleren el proceso y lo resuelvan con la mayor brevedad posible para evitar que Fuerza Popular avance con “conductas dilatorias y de mala fe procesal”.
Para Perú Libre, “se comprueba que estas nulidades únicamente pretendían dilatar la proclamación de resultados”.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/RMK6A37IPVHVNADDQDJSTOZ5NU.jpg%20420w)
Pedro Castillo (Europa Press)
Desde el día siguiente al polarizado ballotage, Fujimori alega que fue víctima de un “fraude sistemático” y pidió la anulación de actas con unos 200.000 sufragios de zonas rurales, donde Castillo obtuvo una victoria abrumadora. La candidata no aportó ninguna prueba fehaciente de estas acusaciones, salvo supuestas irregularidades en mesas de votación con las firmas de los responsables de las mismas, que presentó como “suplantación de identidad” o los supuestos lazos familiares entre sus miembros, algo prohibido por ley.
Todas estas reclamaciones fueron rechazadas en primera instancia por los JEE y luego pasaron al JNE, que en última instancia culminó este lunes el proceso de publicación de las resoluciones que declaran improcedentes las apelaciones. Además, ningún organismo de observación electoral, entre ellos la Organización de Estados Americanos (OEA), ha encontrado indicios de “fraude”, mientras que la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá han expresado su confianza en el sistema electoral peruano y en que los comicios fueron libres y limpios.
