La red de exviceministros del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) investigada por cobrar comisiones a empresas a cambio de adjudicaciones de la principal firma estatal de su país, Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), pagó 30,6 millones de dólares al que fuera director financiero de esta compañía entre 2005 y 2011, Eudomario Carruyo, según los documentos a los que ha tenido acceso de EL PAÍS.
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Carruyo cobró este dinero en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2008 y 2010, cuando formaba parte de la cúpula de la energética. Los fondos llegaron a través de transferencias de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía y Petróleo de Venezuela; Diego Salazar, primo del exministro de Energía y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez; y Luis Carlos de León, exabogado de la petrolera.
Los pagos se justificaron como trabajos de asesoría prestados por Carruyo al grupo de exjerarcas y se cerraron mediante “contratos orales”. Los falsos servicios de consultoría fueron una de las tretas de la trama que saqueó PDVSA para justificar sus comisiones ilegales, según los investigadores.
Un juzgado de Andorra procesó en 2018 a Villalobos, Salazar y De León por pertenecer presuntamente a una red de 28 personas que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas agraciadas con millonarias adjudicaciones de PDVSA. La trama ocultó sus beneficios —2.000 millones de dólares— en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario.
Carruyo percibió 30,6 millones a través de una cuenta en la BPA a nombre de su sociedad panameña Biford Investments S. A., en la que figuró como representante junto a su esposa, Nancys Jacibis Perozo de Carruyo. El exdirectivo de PDVSA abrió este depósito para facturar supuestos servicios de su firma venezolana de ingeniería, Lugo Enterprise.
Así, Carruyo ingresó 10,4 millones de dólares de las sociedades panameñas controladas por el exviceministro Villalobos Lomond Overseas S. A. (5,5 millones), Monterrey Management Limited (3,1) y Tristaina Trading S. A. (1,8). También, cobró 15,1 millones de Highland Assets Corp, una firma de Luis Mariano Rodríguez Cabello, presunto testaferro de Diego Salazar, sobrino del exministro de Petróleo Rafael Ramírez. Y dos millones de una cuenta en la BPA a nombre de la compañía panameña Worldwide Traders Line S. A. vinculada a Salazar y a su esposa, Rosycela Díaz Gil.
Luis Carlos de León, exabogado de PDVSA, abonó 2,9 millones entre 2009 y 2010 a Carruyo a través de Cano Navy Corp, su sociedad panameña con cuenta en la BPA.
Testaferro familiar
El dinero de la trama llegó a las cuentas en la BPA de Carruyo en forma de traspasos internos, un sistema que no deja rastro. Y tras aterrizar en la entidad andorrana, se transfirió a otros depósitos del exjefe de finanzas de PDVSA en el extranjero. Así, Carruyo traspasó 20,1 millones en junio de 2011 a una cuenta en un banco de Dubái controlada por su sobrina, la venezolana Katerina S. P., de 34 años. Y remitió 6,5 millones en abril de 2010 a un depósito de un banco de Suiza donde figuraba como beneficiario.about:blankAnuncios
El exdirector financiero de PDVSA le dijo a la entidad que decidió cancelar sus cinco cuentas en la BPA después de la aparición de este banco en informaciones periodísticas. “[Carruyo] No quiere correr riesgos”, indicó la institución financiera andorrana en un documento interno.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) concluye en un informe de julio de 2020 que Carruyo utilizó a su sobrina Katerina S. P. como testaferro en dos cuentas en la BPA. Se trata de depósitos vinculados a las sociedades panameñas Welnut Overseas S. A. y Terrystone Foundation que canalizaron el millonario caudal de fondos inyectado por la trama.
La familiar del político reconoció en una declaración jurada que su tío era el verdadero dueño de los fondos.
La treta de Carruyo de usar a su sobrina en sus cuentas en Andorra tenía por objeto —según los investigadores— evitar que el banco cerrara los depósitos del exdirectivo de la petrolera por su condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP), una etiqueta para identificar a cargos públicos, funcionarios o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupción.
Los investigadores andorranos cuestionan el origen de los fondos que Carruyo ingresó en la BPA y dudan de que la empresa de ingeniería y obra civil que supuestamente generaba el dinero —Lugo Enterprise— tuviera actividad real. También critican los supuestos contratos con los que el exejecutivo de la petrolera trató de justificar sus millonarios ingresos. “Se desconocen los trabajos prestados, los pagos acordados, los importes”, recoge el informe de la Uifand.
Las pesquisas siembran dudas además sobre la procedencia de los 30,6 millones que aterrizaron en la constelación de cuentas de Carruyo.
La Uifand sostiene que el exdirectivo usó la cuenta en la BPA en la que cobró esta suma como “puente”, una pasarela para derivar después los fondos a otros depósitos. Así, su cuenta a nombre de la sociedad Biford Investments S. A. ingresó 11,5 millones en 2010 de la red chavista y envió 11,2 millones a otra cuenta del exdirectivo de PDVSA en la entidad andorrana a nombre de la mercantil panameña Orfield Foundation S. A.
Un informe incorporado al sumario —unas pesquisas que arrancaron en 2012 y que suman ya más de 76.000 documentos— enmarca los ingresos en la BPA de Carruyo en los movimientos de una presunta organización delictiva que se sirvió para hacer caja de su proximidad al Ejecutivo del expresidente Chávez. “Políticos venezolanos habrían cobrado sobornos a fin de facilitar contratos de PDVSA a empresas extranjeras”, indica el documento.
La tesis coincide con la expuesta por la magistrada andorrana Canòlic Mingorance en septiembre de 2018 en el auto por el cual procesó a 28 miembros de esta organización. La resolución presentaba a la red como un grupo integrado por exdirigentes venezolanos y funcionarios de la energética estatal que cobró comisiones de más del 10% a empresas, especialmente chinas, que resultaban después agraciadas con contratos de PDVSA.
El paradero de Carruyo, que ha estado vinculado a distintas derivadas del saqueo de PDVSA, es desconocido desde hace años.
Ismael Oliver, abogado del exministro venezolano Nervis Villalobos, defiende que su cliente “no ha cometido ningún acto de soborno, corrupción o blanqueo de capitales en ningún país”. Y precisa que el exjerarca “no ha sido condenado por ningún tribunal”. “Todas las operaciones que hizo el señor Villalobos en la BPA, su filial Banco de Madrid o cualquier entidad financiera fueron expresamente revisadas y fiscalizadas por el departamento de cumplimiento normativo de los bancos y son lícitas”, responde Oliver a este periódico por correo electrónico.
Sin embargo, las pesquisas apuntan que la trama movió el caudal de fondos que fue a parar a Andorra a través de una alambicada madeja de cuentas opacas y sociedades instrumentales —sin actividad— en paraísos fiscales como Suiza o Belice.
La Fiscalía de Venezuela cifró en 4.200 millones de euros el expolio de la petrolera estatal perpetrado por la red. Junto al exviceministro Villalobos, la organización incluyó en su cúpula a Javier Alvarado, el todo poderoso exviceministro de Energía y Petróleo y director entre 2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Un exmandatario que está siendo investigado en España y EE UU y que fue arrestado en Madrid en 2019 a petición de un juzgado de Texas, que le reclamaba por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y conspiración para el blanqueo. Las pesquisas del juez americano indagan un caso de corrupción de más de 50 millones de dólares conectado con la energética venezolana.
Una investigación interna de los actuales gestores de PDVSA determinó que exdirectivos de esta firma defraudaron a la compañía, al menos, 500 millones de dólares. El método pasaba por autoconcederse contratos de compra de material a sus propias sociedades. Para ello, amañaban presuntamente las licitaciones y blanqueaban su botín en España. De 48.000 contratos examinados entre 2009 y 2015, un total de 2.562 fueron a empresas de Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera. PDVSA presentó en España una querella contra ambos.
La denuncia se dirige, también, contra Rafael Reiter, Javier Alvarado y otras nueve personas. La Audiencia Nacional tramita la querella. Varios de los investigados residen en España, donde han adquirido propiedades millonarias.
El País
