Con extravagantes peticiones y acusaciones, dirigentes de la dictadura chavista siguen desmantelando la posibilidad de una salida negociada a la crisis venezolana.
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Uno de los principales portavoces de Nicolás Maduro reiteró que el régimen chavista no está dispuesto a entrar en conversaciones para buscar una salida pacífica a la crisis venezolana.
Desde el ilegítimo parlamento chavista, Jorge Rodríguez, volvió a plantear condiciones previas para acudir a las conversaciones programadas para la próxima semana en México.
Rodríguez funge como presidente de la Asamblea Nacional electa de forma irregular el pasado 6 de diciembre. Desde esa tribuna planteó que los representantes del presidente Juan Guaidó tienen que suscribir un documento previo para poder ser admitidos como interlocutores por el chavismo.
Indicó que solo irán a un diálogo con los sectores que firmen un papel comprometiéndose a “abandonar cualquier forma de violencia”.
También dijo que para acudir al diálogo todas las partes deberían reconocer a Maduro como único presidente legítimo.
De esa manera se sumó a los pedidos hechos por el propio dictador. Días atrás, Maduro solicitó que se le reconozca como presidente legítimo y demandó que se levanten todas las sanciones de EEUU antes de ir a dialogar.
Rodríguez hizo sus propuestas durante una discusión sobre la masiva operación policial ejecutada contra una de las poderosas megabandas surgidas a raíz de las fallidas políticas de seguridad del régimen.
Diálogo y persecución
Rodríguez es una de las figuras con más poder dentro del régimen chavista. En la fluida institucionalidad de la dictadura, sus funciones exceden a las que debería tener el presidente del parlamento en Venezuela.
Una semana atrás, fue el propio Jorge Rodríguez quien lideró la ola de persecución contra líderes democráticos venezolanos. En especial contra dirigentes del partido del presidente Juan Guaidó, Voluntad Popular.
Entre ellos, el diputado Freddy Guevara, detenido y acusado por terrorismo por las policías chavistas.
Como si se tratara de un fiscal, Rodríguez señaló a varios dirigentes de Voluntad Popular por su supuesta participación en los hechos de violencia en Caracas protagonizados por la megabanda criminal de la Cota 905.
Apuntó directamente a los dirigentes Gilber Caro, Luis Somaza y Emilio Graterón. Y pidió fueran encarcelados. Desde entonces, los perseguidos han pasado a la clandestinidad o han buscado asilo en embajadas de otros países.
