Un total de 825 personas perdieron la vida en presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el primer semestre del año. Los datos corresponden al monitoreo de Lupa por la Vida, un proyecto de la organización no gubernamental Provea y el Centro Gumilla.
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Esa cifra representa una disminución de 48,6%, comparado con los números registrados durante el mismo período el año pasado, cuando se documentaron 1.611 asesinatos.
“La reducción de casos es un hecho que valoramos de manera positiva. Sin embargo, el hecho de que más de 800 personas hayan sido asesinadas es sumamente grave. Es la continuidad de una política cuyos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad”, señalaron.
Afirmaron que se demuestra el alto nivel de letalidad policial y la ausencia de una política de seguridad ciudadana en el país orientada a preservar la vida y causar menos daño físico posible.
“Persiste la práctica del disparen a matar. Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”, denunciaron.
Lupa por la Vida señaló que la disminución de presuntas ejecuciones rompe la línea ascendente que ocurría desde 2015. Desde ese año hasta junio pasado policías y militares presuntamente asesinaron a 7.180 personas bajo condiciones irregulares.
Por el monitoreo se destacó el impacto positivo que tuvo el informe presentado en septiembre de 2020 por la Misión de Determinación de Hechos para que se produjeran algunos cambios en la actuación policial, particularmente en la Policía Nacional Bolivariana y su grupo de Fuerzas de Acciones Especiales.
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