A cuatro días de las ejecuciones en Tibú del niño y el adolescente venezolanos, a manos de un grupo armado de presuntos disidentes de la guerrilla colombiana, sus cadáveres no han sido identificados y nadie los ha reclamado.
Según el diario El Colombiano, las víctimas serían jóvenes de las comunidades indígenas del Estado venezolano de Zulia, que viven en condiciones de pobreza y que caminan varios kilómetros para cruzar a Colombia en búsqueda de alimentos.
Revea que más de 100 horas han transcurrido sin que nadie se acerque a identificar y a reclamar plenamente los cuerpos de los dos adolescentes (uno de 12 y otro de 18 años) que fueron asesinados el pasado viernes en Tibú, luego de ser acusados de ladrones.
Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados este lunes a las instalaciones de Medicina Legal en Cúcuta, Norte de Santander, tras completar cuatro días en la morgue de Tibú, donde el complejo panorama de orden público por la presencia de varios grupos ilegales impidió que familiares o conocidos se acercaran a dar pistas de su plena identidad. De hecho, no se sabe aún si sus allegados saben de su asesinato.
Por el atroz caso, el presidente Iván Duque ha movilizado a las instituciones del Estado para que resuelvan el crimen que la Policía ha atribuido al frente 33 de las disidencias de las Farc, que opera en ese municipio de El Catatumbo, donde también se mueven el frente de guerra nororiental del ELN y estructuras de ‘los Puntilleros’, ‘los Caparros’ y el ‘Clan del Golfo’.
“Duelen muchos estos actos fratricidas”, dijo Duque desde Washington, ordenando la presencia contundente de la Fuerza Pública en Tibú.
El crimen fue condenado por la oficina de Derechos Humanos de la ONU y tensiona más las relaciones con Venezuela, desde donde el fiscal general –Tarek William Saab– envió una carta a su homólogo en Colombia, Francisco Barbosa, pidiendo explicaciones.
Según la Fiscalía venezolana, la víctima de 18 años sería Alexander José Fernández Rodríguez, cuyas huellas dactilares fueron tomadas en Colombia y enviadas al Servicio de identificación Migratoria y Extranjería del vecino país, para ser corroboradas.
Mientras tanto, la Fiscalía colombiana designó un grupo especializado de fiscales, investigadores, criminalísticos y forenses para resolver el caso.
El asesinato causó un inmediato remezón en la Policía, generando el relevo en la comandancia de Tibú, a donde llegará un teniente coronel, y desde donde ya despacha el coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía de Norte de Santander, en compañía del brigadier general Óscar Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
El papel de los policías de Tibú quedó en entredicho con las revelaciones de los comerciantes, que inicialmente denunciaron a los jóvenes hurtando camisas en una tienda del municipio y que los retuvieron a la espera de que los capturaran.
“Ninguno de los comerciantes, ni la comunidad, golpeamos a los muchachos, ni los maltratamos. Hicimos varias llamadas a la Policía, pero no llegaron”, se les escucha decir en un video difundido por las redes sociales, denuncia que quedó registrada en una carta conocida por EL COLOMBIANO con la evidencia de las siete llamadas que hicieron a la Policía de Tibú, cuya estación se encuentra a tres cuadras del establecimiento donde sorprendieron a los adolescentes en el presunto hurto.
Con estas denuncias, y el rechazo nacional, la Policía abrió una investigación interna por posible negligencia y omisión de funciones, al igual que la Justicia Penal Militar que los procesará.
“No queremos verlos mañana por allá tirados en alguna orilla de la carretera”, es lo que se escucha decir en el video que da inicio a su tragedia el pasado viernes 8 de octubre, y que se cumplió al pie de la letra, porque los que no tardaron en llegar a la tienda en la que tenían a los jóvenes –con las manos atadas con plástico– fueron hombres armados señalados de ser disidentes.
Estos hombres forcejearon con los comerciantes que trataron de impedir que se llevaran a los jóvenes, pero finalmente los disidentes impusieron la “pena de muerte” con la que infunden terror.
Así se los llevaron a la fuerza y los asesinaron con tiros en la cabeza, dejando sus cuerpos en la vía que conduce de Tibú al municipio de El Tarra. Uno de ellos tenía un cartel en el que se leía la palabra “ladrones”.
“Acá las Farc y el ELN han dicho que al que agarren robando lo asesinan, como ya ha sucedido varias veces y aunque la Policía y el Ejército se dan cuenta, nadie hace algo para evitarlo”, dijo un habitante del municipio al diario La Opinión, de Cúcuta.
Las víctimas serían jóvenes de las comunidades indígenas del Estado venezolano de Zulia, que viven en condiciones de pobreza y que caminan varios kilómetros para cruzar a Colombia en búsqueda de alimentos y dinero, según estima una defensora de los derechos de los migrantes consultada por EL COLOMBIANO.
Tibú es uno de los siete municipios de El Catumbo que están en constante disputa por el control de cultivos de uso ilícito y economías ilegales. Además, es el municipio el país con más coca (19.334 hectáreas), lo que representa el 13 % de las hectáreas sembradas en Colombia.
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