El presidente chileno, Sebastián Piñera, ordenó este martes la militarización en cuatro zonas de las regiones del Biobío y La Araucanía, ante la “grave alteración del orden público” en la región en conflicto con los mapuches tras los últimos incidentes en el sur del país.
La decisión se tomó tras coordinarse los detalles con el jefe de Estado Mayor Conjunto y los mandos de las Fuerzas de Orden y Seguridad de la zona, según medios chilenos. La medida, que limita las libertades de reunión y movimiento, durará 15 días.
“Queremos comunicar hoy a todos nuestros compatriotas que hemos decidido decretar Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, por grave alteración del orden público, en las provincias de BioBío y Arauco en la región del Biobío, y en las provincias de Malleco y Cautín en la región de La Araucanía”, anunció el mandatario en un breve mensaje al país en el Día del Encuentro de Dos Mundos, donde entre polémicas con los pueblos originarios América Latina se conmemora la llegada de Cristóbal Colón en 1492.
El artículo 42 de la Constitución especifica que “el estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación, lo declarará el presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias”.
Las zonas respectivas quedan bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional que designe el presidente, que además estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas.
“Es de público conocimiento los graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado, cometidos por grupos armados en las provincias de Bío Bío y Arauco en la región del BioBío y en las provincias de Malleco y Cautín, en la región de La Araucanía”, dijo Piñera . Ante ello, indicó que “estos graves hechos no solo han cobrado vidas de personas inocentes y de miembros de Carabineros y Policía de Investigaciones. Además, han implicado atentados y amenazas contra autoridades tales como fiscales del Ministerio Público y miembros del Poder Judicial”.
Con información de LA NACIÓN
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