La comunidad internacional estrecha el cerco sobre Nicolás Maduro. Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú realizaron en septiembre de 2018, una carta dirigida a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, la cual pidió iniciar una investigación sobre los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen venezolano. Los países de la región condenaron, además, la ruptura del orden constitucional en el país y debatieron cómo hacer frente a la crisis humanitaria.
Dicha solicitud, se apoyó en dos informes elaborados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA). El presidente peruano, Martín Vizcarra, afirmó que las “graves violaciones de los derechos humanos” que se están cometiendo en Venezuela justifican que se active este mecanismo de denuncia previsto por el tribunal de La Haya.
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, aprovechó para calificar la maniobra de los cinco países latinoamericanos como una estrategia para “agredir” al Gobierno que preside Nicolás Maduro. “Utilizan como sustento de la denuncia el informe de un hombre que quiere la intervención y la guerra”, añadió en referencia al secretario general de la OEA, Luis Almagro. “Es un sicario”, acusó.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que llegó el momento de que se adopten las sanciones necesarias para lograr una transición en el país. “Lo que ocurre en Venezuela es triste”, lamentó, “es una dictadura que ha arruinado todas las libertades, que ha perseguido a todo un pueblo y que es la causante de una grave crisis humanitaria”.
Coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de la ONU, un grupo de alto nivel convocado por Colombia se reunió para crear un mecanismo que movilice fondos para asistir a los países que acogen inmigrantes venezolanos. En el encuentro participaron Estados Unidos —con el vicepresidente, Mike Pence,—, Canadá y España, representada por el titular de Exteriores, Josep Borrell.
Derrocar al régimen
Se calcula que 2,3 millones de venezolanos abandonaron su país desde 2014. “Somos testigos de una tragedia humana”, dijo el presidente Donald Trump en su intervención ante el plenario. Más tarde, el mandatario volvió a dejar en el aire la opción de una intervención militar en Venezuela. Por su parte, el viceministro de Perú, Hugo de Zela, insistió en que es vital que la crisis migratoria venezolana se haga desde un “enfoque regional”.
“Ya no es posible verlo como un problema nacional”, añadió. Pence reiteró que el pueblo venezolano “sufre” por la “dictadura corrupta” de Nicolás Maduro y por eso defendió que se le aísle económica y diplomáticamente “hasta que se restaure la democracia”.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, defendió una “acción continental” para poder hacer frente a la crisis de Venezuela. “Cuando un pueblo emigra”, afirmó, “sus gobernantes sobran”. Los países del Grupo de Lima tenían previsto reunirse para tratar otras medidas de presión económicas y diplomáticas que se pueden adoptar.
Los participantes urgen a un diálogo nacional franco e inclusivo entre el Gobierno y la oposición venezolana. “La solución a la crisis solo vendrá cuando Venezuela reencuentre el camino del reconocimiento”, añadió el presidente de Brasil, Michel Temer, que hizo también un llamamiento a la solidaridad con los desplazados.
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