El abogado Marc Hearron, que representa a las clínicas y otras organizaciones que defienden el derecho a abortar en el estado de Texas, argumentó este lunes ante el Tribunal Supremo de EE.UU. que la ley que prácticamente prohíbe esa intervención en el estado es «anticonstitucional».
El Supremo escucha los argumentos de una coalición de proveedores de servicios abortivos y más tarde del Gobierno del presidente Joe Biden contra la norma que entró en vigor en septiembre en Texas, que veta el aborto a partir de las seis semanas de gestación, cuando en muchos casos las mujeres no saben todavía que están embarazadas.
El alto tribunal, de mayoría conservadora, no tendrá que decidir sobre la legalidad o no del aborto, o de esa ley, sino sobre el mecanismo empleado para aplicarla y si el Ejecutivo federal tienen derecho a demandar la norma ante el Supremo.
Por ese motivo, Hearron indicó que con la entrada en vigor de la ley, conocida como SB8, el Congreso de Texas, controlado por los republicanos, «no solo prohibió de forma deliberada el ejercicio de un derecho constitucional reconocido por esta corte, sino que ha hecho todo lo posible para evadir una protección judicial efectiva de ese derecho».
El aborto fue reconocido como un derecho constitucional en EE.UU. en 1973 gracias al fallo del Supremo en el caso «Roe contra Wade», en el que reconoció que una mujer puede acabar con su embarazo en los primeros seis meses de gestación.
Uno de sus aspectos más polémicos de la legislación de Texas es que deja en manos de particulares, y no de funcionarios estatales, como suele ser habitual, su aplicación, ya que cualquier persona puede presentar demandas civiles contra cualquiera que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición.
El letrado del Centro para los Derechos Reproductivos subrayó que «esto es excepcional, no tiene precedentes», ya que, agregó, con ese mecanismo Texas «ha convertido el sistema de justicia estatal en una herramienta que puede ser empleada para abolir los derechos constitucionales».
En ese sentido, Hearron advirtió que esta ley puede proporcionar «una hoja de ruta» a otros estados para acabar con otros derechos reconocidos en la carta magna del país.
Debido al «efecto escalofriante» de esta ley, el abogado solicitó al Supremo que emita una orden que evite que los secretarios de juzgados en Texas comiencen a aceptar denuncias contra infractores de la ley.
Buena parte de la sesión estuvo dedicada a estudiar si aquí es pertinente aplicar «Ex parte Young», un caso de 1908 por el que el Supremo reconoció el derecho a presentar demandas en cortes federales contra decisiones de funcionarios estatales, cuando el estado ha actuado contra normas federales y la Constitución.
El abogado Judd Stone, que representa al estado de Texas, dijo en su intervención ante el Supremo que «se supone que los jueces estatales aplican la ley federal de manera fiel».
Y sostuvo que si una persona presenta una denuncia ante un juzgado en aplicación de la ley texana es porque puede sufrir «un daño moral o psicológico extremo» tras saber que una amiga ha decidido abortar.
EFE
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