Un total de 90.396 venezolanos han sido acogidos en España por razones humanitarias desde 2019, cuando se empezó a aplicar este tipo de protección a estos ciudadanos latinoamericanos al entender que en su caso no se dan las condiciones para ser reconocidos como refugiados ni beneficiarios de protección subsidiaria.
Más de 5,6 millones de venezolanos han abandonado sus hogares desde que en 2014 comenzaron las protestas por la crisis económica que atravesaba el país. En marzo de 2018 la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) instó a los estados a otorgar a estos ciudadanos la protección debida porque Venezuela vivía una crisis humanitaria y no se podía devolver a nadie al país.
A raíz de esa recomendación de la ONU, el gobierno español comenzó a aplicar la fórmula de protección por razones humanitarias para dar una respuesta adecuada y acorde con la ley de Asilo a los venezolanos que huyen del país.
«Hasta entonces, España, con gobiernos de distinto signo, denegaba las solicitudes de protección internacional de los venezolanos», recuerda a EFE la directora de Políticas y Campañas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Favieres.
Esta fórmula, que empieza a aplicarse «partiendo de una crisis humanitaria y no de una situación política», se traduce en un permiso de residencia y trabajo por un año prorrogable para que los afectados no queden en un limbo jurídico.
Solo hasta el 30 de septiembre de este año, se ha concedido protección por razones humanitarias a 10.230 venezolanos. El año pasado se otorgaron 44.931 autorizaciones y en 2019 se dieron 33.235 permisos de este tipo, según datos de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior.
Unas cifras que representan casi la totalidad de las personas que en 2020 recibieron protección por razones humanitarias: de las 45.262 autorizaciones excepcionales de este tipo, 99,2% lo coparon venezolanos, a quienes les siguieron muy de lejos colombianos (152), hondureños (14) y salvadoreños (10).
En 2020 solo se concedió el estatuto de refugiado (máxima protección internacional) a cinco ciudadanos venezolanos y no hubo ningún caso de protección internacional subsidiaria (un grado menor de protección).
Si bien es cierto que la mayoría de los venezolanos que piden asilo en España responden a un perfil de crisis humanitaria, Favieres advierte del riesgo que tiene aplicar esta fórmula y no analizar cada expediente de forma individual.
«No son todos, pero entre ellos también hay personas refugiadas», subraya la portavoz de CEAR, que señala que algunos perfiles sí se ajustan a los criterios exigidos para recibir protección, como la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas o el riesgo que pueden correr si regresan a sus países.
España intentó buscar otras vías diferentes a las de la protección internacional para canalizar el aluvión de solicitudes de asilo de los venezolanos, pero finalmente se articuló a través de la propuesta de razones humanitarias.
Con este mecanismo, alerta Favieres, los afectados no están protegidos por el principio de no devolución de la Convención de Ginebra, por lo que si en un momento dado las autoridades españolas consideran que ha cambiado la situación en Venezuela y ya no es de crisis humanitaria, podrían no renovar el permiso de residencia y trabajo autorizado de forma excepcional.
Pese a que su principal destino no es España —la mayoría de los venezolanos están en países limítrofes que han ido buscando fórmulas para darles algún estatus legal—, llevan cinco años liderando las nacionalidades que piden más protección en ese país.
En 2020 lo hicieron 28.375 venezolanos (31,94% del total de solicitudes de protección recibidas), que supone un descenso de 30,6% de estas peticiones respecto al año anterior consecuencia del cierre de fronteras y el parón en la movilidad en todo el mundo a raíz de la pandemia. En 2019, pidieron asilo 40.886 venezolanos.
En los primeros nueve meses de 2021 han solicitado protección internacional en el territorio nacional 8.048 venezolanos, una cifra que «ha bajado mucho» porque la frontera aérea, principal vía de entrada de estos ciudadanos, ha estado prácticamente cerrada hasta julio.
«El incremento de llegadas se nota a partir de ese mes e impactará en el procedimiento en este último trimestre», avisa Favieres.
Por detrás de los venezolanos se sitúan los colombianos: 6.258 han reclamado protección en España hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, la tasa de reconocimiento de protección internacional varía mucho respecto a la de sus vecinos.
En 2020 se concedió el estatuto de refugiado a 624 colombianos y solo a 152 se les otorgó protección por razones humanitarias frente a los 44.931 venezolanos a los que se les autorizó esta última.
«En Colombia no se considera que haya una crisis humanitaria. Hay situaciones individuales o colectivas duras y difíciles que deben ser analizadas individualmente», explica la responsable de CEAR, que precisa que, excepto en el caso de Venezuela —por la recomendación de Acnur—, las razones humanitarias para otras nacionalidades se aplican «por criterios médicos».
Es decir, se autoriza si el solicitante procede de un país en el que en el caso de retornar no tendría acceso a servicios médicos y sería perjudicial para su salud física, psíquica o mental. «Por eso son reducidas y se estudian una a una», concluye Favieres.
EFE
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