Aparte del horror de sangre, dolor y muerte que hizo apersonarse en Caracas al Fiscal de la Corte Penal Internacional para mirar a los ojos, para oler de cerca a quien tantos dedos apuntan como el responsable de esa tragedia, al jefe de la banda criminal, para notificarle en su cara de la apertura de un proceso penal poniéndole por delante un papel comprometiéndolo a no obstruirlo, a facilitar la investigación, papel que no podría haberse negado a firmar sino a lo sumo expresar, como lo hizo, en voz baja y mirando al piso “Lo firmo pero no estoy de acuerdo”. Además de eso -repito- Venezuela sufre otra tragedia, la que va en camino de sellar la ruina del país por la política de expropiaciones de Hugo Chávez que generó una tormenta de mas de 60 juicios cuya defensa en manos del gobierno interino mas bien pareciera dirigida a perderlos a propósito.
EL PELIGRO QUE DESPREOCUPADAMENTE NO ADVIERTEN
Las deudas producto de las condenas que venimos sufriendo en tribunales y que entre otras amenazas pugnan por ejecutarnos CITGO no desaparecerán sino por una de estas maneras: o litigamos bien en tribunales y ganamos, o negociamos acuerdos de pago. Hay una tercera opción, combinar litigio y negociación.
LAS MEDIDAS EJECUTIVAS NO ELIMINAN LA DEUDA
No hay otra solución. La protección que nos viene dando el gobierno norteamericano no elimina esas deudas, eso no va a ocurrir, solo aplaza su ejecución, pero no lo impedirá a perpetuidad. Vemos con preocupación que ni tenemos un desenvolvimiento correcto en los litigios, ni se avizora una política de negociaciones con los acreedores, vamos directo al despeñadero. Esa es la triste realidad.
LA GRAVÍSIMA E IGNORADA DENUNCIA
“No tenemos defensas que invocar” es el insólito argumento que se ha usado en 5 de 6 casos pendientes para contestar demandas contra Venezuela según lo informa el economista Francisco Rodríguez en una investigación que hizo sobre el comportamiento de los abogados a quienes Juan Guaidó y la Asamblea Nacional han nombrado como Procuradores para el ejercicio de la defensa de los bienes en litigio. El Procurador especial Sánchez Falcón argumentó ante el tribunal que no teniendo argumentos válidos que oponer no justificaría gastar dinero en pagar honorarios de abogados para que lo hicieran. El autor del informe expresa dudas sobre la honestidad de esa conducta lo cual debe ser aclarado.
EL DESASTROSO PAPEL DE LOS PROCURADORES DEL INTERINATO
Como se sabe, la defensa de los bienes patrimoniales de la República constitucionalmente corresponde ejercerla a un funcionario que en su artículo 247 se denomina Procurador General de la República, cargo al que el gobierno interino extrañamente decidió ponerle otro nombre, el de “Procurador Especial”, y que en un primer momento Juan Guaidó asignó a José Ignacio Hernández quien además de que antes trabajó para el bando contrario en el caso Crystallex, malbarató una fortuna contratando bufetes de abogados en Estados Unidos para “defender” al país en lo cual nunca se ha obtenido resultado positivo alguno, y hasta se las ingenió para convencer a la Asamblea Nacional de que le aprobaran 71,6 millones de dólares para pagar intereses del Bono PDSVA 2020 que antes había sido declarado ilegal por el mismo Órgano Legislativo. Finalmente, agobiado por los cuestionamientos que se le hacían renunció al cargo dejando pendiente un cúmulo de interrogantes. Seguidamente Guaidó nombró como sustituto al Dr. Enrique Sánchez Falcón.
LA RESPONSABILIDAD DEL ANTERIOR PROCURADOR
Como se recordará, en ese juicio de ConocoPhillips el Dr. José Ignacio Hernández gastó un dineral en contrataciones de abogados sin que se produjera algún resultado positivo, y para colmo aceptó la sentencia donde nos condenaron a pagar 8 mil 700 millones de dólares, aceptación implícita que se dio al limitarse a pedir su corrección numérica que condujo a una rebaja de 200 millones, pedimento que también hizo el procurador de Maduro y que de inmediato fue aceptado por la empresa demandante para rápidamente quedar con una sentencia firme a su favor por 8 mil 500 millones, ahora aumentada como antes dije, a 10 mil millones, con lo que se dispone a rematarnos CITGO.
EL LAMENTABLE TRASPIES DEL PROCURADOR ENRIQUE SÁNCHEZ FALCÓN
Después de nuestras denuncias sobre el desastroso manejo del mas emblemático de estos juicios, ConocoPhillips, donde con la aceptación de nuestro abogado defensor fuimos condenados por el tribunal de arbitraje internacional CIADI a pagar 8 mil 500 millones de dólares, el nuevo procurador Enrique Sánchez Falcón, emitió un comunicado desmintiendo que esa sentencia hubiese quedado firme porque habían demandado su nulidad. Ahora llega la noticia de que esa demanda fue desestimada por el tribunal el pasado 14 de octubre.
EL EXPROCURADOR J.I.HERNÁNDEZ CULPA AL INTERINATO
Cómo será de grave la situación que hasta estos dos procuradores “especiales” se los han advertido. J.I.Hernández en un hilo de twitter del 13 de octubre 2021 les dijo “Este es un caso muy delicado, que pone en evidencia como por problemas políticos se coloca en riesgo la defensa de los activos en el extranjero. Conviene aclarar que pasó en la demanda del Grupo Pharo en contra de Venezuela, por cerca de 1.200 millones de dólares.” Mas adelante advierte sobre las responsabilidades que conlleva la falta de aprobación de dineros para contratar abogados que ejerzan la defensa en nombre de Venezuela.
EL PROCURADOR SÁNCHEZ FALCÓN TAMBIÉN CULPA AL INTERINATO
Por su parte el actual Procurador especial también ha advertido sobre el mismo tema de la falta de aprobación de recursos para la defensa de Venezuela, eso lo hizo mediante un comunicado publicado el 28 de septiembre del 2021 titulado: “Mensaje de Enrique Sánchez Falcón, Procurador Especial de Venezuela, a los miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional” y donde claramente advierte a los diputados integrantes de la Comisión Delegada sobre la desidia en la que incurren al no atender la solicitud de aprobación de recursos para la contratación de abogados. Dice así el comunicado: “El último planteamiento en ese sentido se hizo en fecha 14 de abril del 2021, mediante oficio PER-P-244, sin que hasta la presente fecha se conozca siquiera si está siendo analizado por sus destinatarios. El riesgo por la desatención de la Asamblea Nacional a sus responsabilidades se evidencia de situaciones como las siguientes: …”
LA CONFESIÓN FICTA EN LA QUE SE VIENE INCURRIENDO EN LOS JUICIOS
En otro de los juicios que amenazan a Venezuela, el antes citado de la empresa “PHARO GAIA FUND,” el Tribunal del Distrito Sur de New York hemos quedado en situación de “Ficta confessio” que es como se denomina el caso del demandado que estando citado para dar contestación a la demanda no lo hace, lo cual conlleva la consecuencia de darla por admitida (convenida).
Esta situación la ha reportado con detalles el mencionado economista Francisco Rodríguez así: “Tal como apuntamos al momento de publicación de esa decisión, la falta de los abogados de la República en presentarse en este caso es en sí motivo suficiente para preocuparse por la celeridad y efectividad con la que se está manejando las disputas legales asociadas con la defensa de los activos venezolanos en el exterior. Dado que la protección de activos es una de las pocas tareas a las que el gobierno reconocido como interino por Estados Unidos y varios otros países se ha avocado. La conducción de juicios que representan posibles obligaciones por aproximadamente 13 millardos de dólares en cortes estadounidenses es y debería ser sujeto de la discusión pública.”
LAS OPCIONES ANTE ESTE PROBLEMA
Venezuela tiene argumentos defensivos para enfrentar esta arremetida de demandas pero no se han querido utilizar, recurrentemente los vengo pregonando hace tiempo y básicamente consiste en que todas esas sentencias son producto de procesos donde no tuvimos derecho a la defensa y por tanto son nulos. Esa defensa única y exclusivamente corresponde ejercerla al Procurador General de la República, funcionario que según la constitución en su artículo 249 ha de ser nombrado por el presidente previa aprobación de la Asamblea Nacional, y la última persona que fue nombrada bajo tales requisitos fue Cilia Flores quien renunció en febrero de 2013 y desde entonces nunca se ha nombrado a nadie cumpliendo tales requisitos. Sin embargo esos juicios se han llevado teniendo como representante de Venezuela a un usurpador nombrado por Maduro. ¿Porqué no se ha esgrimido apropiadamente esa defensa? ¿Porqué no se ha demandado la nulidad de esas sentencias con base a esa irregularidad? Esas interrogantes deberán ser respondidas algún día por quienes han tenido el deber de actuar para ello, un día donde se les exija rendir cuentas de sus actos.
De todo esto se avizora a Venezuela arruinada tanto por el saqueo del régimen como por una tormenta de sentencias en juicios mal llevados y sin alternativas de soluciones negociadas. Nadie asumirá las culpas, todos señalarán al otro….particularmente a Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez. Anótenlo.!
ESTA ES LA CARTA DE ACUSACIÓN DE SÁNCHEZ FALCÓN CONTRA GUAIDÓ Y LA ASAMBLEA NACIONAL, Y ESTÁ CONSIGNADA EN UN EXPEDIENTE DE UN TRIBUNAL EN ESTADOS UNIDOS.!
Por Carlos Ramírez López
Abogado Venezolano litigante con 40+ años de experiencia. Especialista en Derecho Procesal, Penal, Civil y Constitucional. Estudios en Cortes Internacionales
Twitter: @CarlosRamírezL3
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