Octubre de 2021 se convirtió en el mes con más censura en la radio venezolana. Siete programas salieron del aire por motivos políticos y una emisora fue cerrada, de acuerdo con el más reciente informe de Monitoreo de Persecución y Criminalización en Venezuela elaborado por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
Con la suspensión de los programas de radio Despertó Amazonas, La Opinión de los demás, Dígalo ahí, A dos voces, Magazine Mundial, Contra la Corriente, La Noticia en órbita, ya son 11 los que han sido censurados en lo que va de año.
La emisora Genial 89.9FM se convirtió en la quinta en ser cerrada como parte de la aplicación sistemática de patrones de persecución y criminalización contra los medios en Venezuela.
Persecución y criminalización
Cepaz contabilizó un total de 34 casos de persecución y criminalización ejercidos por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra trabajadores de la comunicación, defensores de derechos humanos, personeros políticos vinculados con la oposición y contra la población.
13 de estos casos corresponden a detenciones arbitrarias, 7 actos de hostigamiento o amenazas, 7 programas de radio que han sido censurados, una emisora de radio cerrada y otra inspeccionada de forma irregular por más de 10 horas.
La organización también registró que se realizó un allanamiento arbitrario de una vivienda, se emitió una orden de captura internacional, y un preso político que murió bajo custodia. También ocurrió un acto de violencia y un acto de control contra la población.
Ataques a la prensa
Los medios de comunicación y periodistas singuen siendo las principales víctimas de persecución por parte del Estado, con 16 ataques durante el mes de octubre. Otros 14 actos por parte de funcionarios se dieron contra la población, 2 hacia personeros políticos y 2 contra defensores de derechos humanos.
«El patrón de censura que se evidencia en Venezuela se traduce en la afectación de los derechos de los trabajadores de la comunicación, quienes son víctimas de la vulneración a su derecho humano de expresión y de difusión de información, pero además a la población se le cierran más ventanas en donde recibir información y en donde opinar, convirtiéndose también en víctimas de este patrón de violaciones sistemáticas a la libertades de pensamiento, expresión y opinión», señaló Cepaz en el documento.
El informe semestral sobre libertad de expresión de 2021 de la organización Un Mundo Sin Mordaza, publicado en septiembre, señaló que existe una clara intención de criminalizar a los medios que insisten en burlar la censura para lograr un periodismo libre.
Durante el primer semestre del año se registraron al menos 74 casos que contemplan 150 violaciones a la libertad de expresión.
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, alertó a El Nacional en junio que la criminalización de la profesión va en aumento en el país. Esto ocurre cuando se da la apertura de procesos judiciales para silenciar a quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión.
Las detenciones arbitrarias son el segundo tipo de violación a la libertad periodística más recurrente, después de la intimidación, según el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela).
«Registramos la agudización de la censura durante el mes de octubre de 2021, especialmente por el ataque sistemático contra la radio venezolana», indicó Cepaz.
Muerte del general Raúl Baduel
En el mes de octubre murió bajo custodia el general Raúl Baduel.
Aunque el fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, expresó públicamente que el fallecimiento se debió a un paro cardiorrespiratorio producto del covid-19. Sin embargo, los familiares del general denunciaron que éste era víctimas de torturas y que no tenía acceso a tratamientos médicos.
Con la muerte del general Baduel suman tres los presos políticos que han muerto bajo custodia en lo que va del año. Incluyendo al líder pemón Salvador Franco y a Gabriel Medina Díaz, exfuncionario de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Amenazas a la población, políticos y activistas
Cepaz contabilizó 14 actos de criminalización ejercidos contra la población.
Uno de ellos fue un acto de control social contra una comunidad que fue amenazada por funcionarios de la gobernación de quitarles el beneficio de las bolsas CLAP si recibían a los candidatos de oposición para las elecciones del 21 de noviembre.
También identificaron 12 detenciones arbitrarias por motivos políticos contra ciudadanos. «Entre ellos 4 funcionarios de la Corporación de Salud, 6 exdirectivos de Citgo, y un hermano y vecino de un periodista perseguido. En este último caso también se produjo un allanamiento de la vivienda de los padres de dicho periodista», detalló el informe.
Otros dos actos de criminalización se dieron contra defensores de derechos humanos. Ambos fueron victimas de amenazas de ser detenidos en medio de un juicio en el que los defensores ejercían su labor como abogados de la causa.
También ocurrió la detención arbitraria de un alcalde, quien a pesar de ser adepto al gobierno de Nicolás Maduro, fue detenido y obligado a renunciar a su cargo, luego de haber denunciado supuestas manipulaciones en las elecciones primarias dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
«Desde Cepaz hemos insistido en el llamado de poner fin a esta política de Estado de persecución y criminalización contra toda persona que sea considerada un enemigo del gobierno de Nicolás Maduro. Pero también el llamado ha sido a la comunidad internacional de atender la necesidad de las víctimas y de sus familiares de encontrar justicia frente a estas graves violaciones que hoy, bajo la complacencia del sistema judicial venezolano, se encuentran en total impunidad», precisó la organización.
EL NACIONAL
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