Veintiún militares y un civil que fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia por actos de crímenes de guerra y de lesa humanidad reconocieron su responsabilidad en el asesinato de hasta 247 jóvenes inocentes para presentarlos como bajas guerrilleras en combate, en el caso conocido como “falsos positivos”.
“Tras conocerse la imputación, 22 de los 26 comparecientes reconocieron verdad y responsabilidad por los crímenes imputados por la Jurisdicción”, anunció este viernes en una rueda de prensa la magistrada de esta instancia de justicia transicional creada por el acuerdo de paz con las FARC Catalina Díaz.
Entre los 22 imputados que reconocieron sus responsabilidades en los dos autos emitidos hasta ahora por el Caso 03, el de “falsos positivos”, se incluye el general retirado Paulino Coronado, el militar de mayor rango que reconoció su responsabilidad.
Este exgeneral, antiguo comandante de la Brigada 30, presentó sus “sentimientos de perdón por el gran dolor causado por los execrables actos cometidos (…), conllevando al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes”, según transmitió a la alta corte.
El primer auto, sobre “falsos positivos” en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, el primero en ser emitido el pasado 6 de julio, imputaba a diez militares y un civil por su “participación determinante en el asesinato de al menos 120 personas en estado de indefensión”.
“Los 11 imputados, entre ellos el general Paulino Coronado y 4 coroneles además de los otros suboficiales y oficiales, han reconocido plenamente su responsabilidad por escrito”, explicó hoy la magistrada de esta instancia judicial creada por el acuerdo de paz en una rueda de prensa.
Sin embargo, en el segundo auto, en el que se imputaba a 2 coroneles y 13 militares de otros rangos del batallón La Popa (que tiene sede en Valledupar, noreste) por 127 asesinatos y desapariciones forzadas en la región del Caribe colombiano, ninguno de los dos altos mandos aceptaron los cargos.
“Los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, comandantes del Batallón La Popa durante los años 2002 y 2004 y 2004 y 2005, negaron su responsabilidad y serán enviados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA)”, donde pueden enfrentarse a una sentencia hasta de 20 años de cárcel, anunció Díaz.
Ahora la Jurisdicción enviará la aceptación de responsabilidad de estas 22 personas a las víctimas y al Ministerio Público para que emitan sus observaciones y se inicien nuevas audiencias de reconocimiento de verdad y responsabilidad, tras las cuales la JEP emitirá las primeras sentencias, que son reparativas con las víctimas y no necesariamente implican una restricción de la libertad en prisión.
El presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes, destacó el alto porcentaje de aceptación de los cargos, ya que en el caso anterior, que imputaba a la totalidad de la última cúpula militar de las FARC por los secuestros en el conflicto, el 100 % de los acusados aceptaron responsabilidad y en estos dos autos del caso de “falsos positivos” han aceptado el 84 % de los señalados.
La JEP encontró en los dos autos -de al menos seis que se esperan- del caso 03 “patrones de macrocriminalidad” en la actuación del Ejército y alianzas con grupos paramilitares con el fin de atraer a jóvenes inocentes y asesinarlos para presentarlos como guerrilleros y así inflar las cifras de “muertes en combate” y obtener recompensas e incentivos de sus superiores.
“La JEP concluyó que los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos ‘en combate'”, insistió hoy este tribunal “ad hoc” surgido para juzgar crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos por las dos partes en el conflicto.
El pasado febrero, la JEP elevó a 6.402 las personas que “fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”, que corresponde con el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
La JEP no impone penas privativas de la libertad si hay reconocimiento de la autoría de crímenes, pero en caso contrario los responsables pueden ser condenados hasta a 20 años de cárcel.
En caso de que los acusados reconozcan su responsabilidad y aporten verdad se impondrán sanciones especiales como limitaciones a la libertad de residencia y de movimiento, la realización de trabajos para reparar a las víctimas y la sociedad, por ejemplo la construcción de escuelas o vías, o la participación en programas de promoción medioambiental.
EFE
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