Un breve vuelo con un dron civil relativamente cerca de una de las arruinadas refinerías de PDVSA bastó para que el régimen arrestara arbitrariamente y desapareciera forzadamente a un fotógrafo venezolano.
Carlos Germán Debiais García está ahora preso en Caracas, pero lo arrestaron en la bahía de Amuay, en el estado Falcón (occidente de Venezuela).
El dron que usaba no puede sobrevolar zonas restringidas. En esos lugares existen mecanismos de seguridad que los bloquean y hacen imposible dirigirlos remotamente.
El arresto encaja perfectamente en la narrativa de la dictadura madurista que busca esconder el deterioro de las instalaciones petroleras argumentando que son objeto de ataques terroristas.
Sin embargo el Tribunal Tercero de Control, con competencia en terrorismo, imputó a Debiais por ese delito y por «violación del espacio aéreo». Como es habitual en los casos de persecución política, también lo acusan de «asociación para delinquir». El fotógrafo estará bajo investigación durante 45 días.
El fotógrafo quedó detenido en la Dirección de Contrainteligencia Militar, uno de los organismos de represión chavista con más acusaciones de torturas y muertes.
Violación a la libertad de expresión
Según reseñó el portal Espacio Público, Debiais fue detenido en la urbanización Judibana, municipio Los Taques del estado Falcón. Posteriormente, los efectivos de la DGCIM allanaron su vivienda sin orden judicial e incautaron equipos electrónicos, cámara fotográfica y teléfonos celulares.
Tras el arresto, sus familiares estuvieron más de 48 horas sin saber de su paradero. A su abogado no le permitieron la entrada a la sede de la DGCIM en el estado Falcón.
La detención fue anunciada por el ministro chavista de Interiores, el sancionado Remigio Ceballos. Según Ceballos, Debiais es parte de un «plan terrorista contra algunas autoridades e infraestructuras estratégicas del Estado».
Para la organización Espacio Público, el arresto es una violación al ejercicio de la libertad de expresión.
«Por esta razón, los delitos de ‘asociación para delinquir’ y ‘terrorismo’ no son correctamente aplicados en el caso, ya que el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, recalca la intencionalidad del acto en perjudicar al país, situación que no sucede con este caso», dijo la organización en un comunicado.
Con información de Espacio Público
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