Los 24 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio alistan una demanda contra el gobierno interino, que preside Juan Guaidó, por incumplimiento de pago de sus honorarios. La querella se extenderá al gobierno de los Estados Unidos, informó el magistrado Luis Ramos Reyes.
La noche del martes 18 de enero, el magistrado Ramos Reyes, en entrevista con la periodista Maibort Petit en el programa «Sin Filtros», expresó que no han recibido ni un céntimo por sus honorarios pese que fueron incluidos en el presupuesto de 2020, cuando se creó la Ley del Estatuto para la Transición y en el presupuesto de 2021.
«Nos hemos visto en la necesidad de accionar judicialmente contra nuestro gobierno legítimo, contra el gobierno de los Estados Unidos. Por una parte, está el presupuesto de los magistrados y del tribunal, y, por la otra parte la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) no ha desenvuelto estos recursos. Siendo responsable de esto el presidente Juan Guaidó, así como sus embajadores porque ellos tienen que actuar urgentemente para que se ejecute el cumplimiento del presupuesto», puntualizó el magistrado en el exilio.
Asimismo, Luis Ramos Reyes señaló que la mora en el pago de los magistrados en el exilio los limita y afecta la lucha contra la libertad y la democracia.
«Son muchos eventos que dejamos de participar en la defensa de la democracia y de Venezuela por carecer de los recursos. No se nos ha pagado hasta la fecha», dijo.
Indicó que el gobierno encargado que dirige Guaidó, reconocido por 55 países, no se los ha informado a los magistrados en el exilio sobre las razones de la falta de pago. Tampoco, destacó, el gobierno de Estados Unidos ha señalado el motivo que tiene para retener los recursos que corresponden a los magistrados en el exilio que conforman una parte del TSJ.
«El gobierno legítimo no, unicamente, está obligado a agotar y a hacer todo para el cumplimiento de la obligación del presupuesto con el tribunal, sino que, además, debe decir si existiera un obstáculo de cualquier naturaleza que pueda poner el gobierno de los Estados Unidos. A pesar de que es un dinero de la República de Venezuela, producto de la corrupción que se ha incautado al régimen, tendría la obligación nuestro gobierno legítimo de exigirle al gobierno de los Estados Unidos cuál sería el motivo, y subsanarlo sí existe», enfatizó.
Aseguró que forman parte de la Ley para la Transición y del presupuesto del interinato, «porque somos los únicos magistrados de la república». En tal sentido, agregó que el pago no se hizo en 2020 ni en 2021.
«Están allí los recursos y deben estar allí. Somos nosotros, los magistrados de este tribunal, quien hace todo el piso jurídico de la república y a los actos, el único poder constitucional que queda en Venezuela como lo es la Asamblea Nacional (AN) de 2015. Esta situación repercute y hace mucho daño no, unicamente, a los magistrados. Por encima de nosotros, le hace mucho daño al país porque nos limita el ejercicio de la función», subrayó.
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