Este es el vicealmirante Giuseppe Alesandrello Cimadevilla encargado del comité de postulaciones judiciales que escogerá a los magistrados del tsj en el proceso de la revolución judicial de maduro.
Atacado por el temor al enjuiciamiento que en ciernes se encuentra en la CPI, Maduro ha dado curso a una frenética actividad dirigida a simular que en Venezuela existe un sistema judicial idóneo para el juzgamiento de los crímenes lesa humanidad por los que se le ha abierto proceso. Con ese objetivo ejecuta un plan que ha dado en llamar “Revolución judicial” y para cuya implementación nombró una comisión encabezada por Diosdado Cabello y Cilia Flores. En esto envolvió a una cándida comisión opositora de la “Plataforma Unitaria” que en la farsa de los diálogos en México se lo avaló firmándole un texto donde concurría con ese propósito de una supuesta “recuperación del poder judicial venezolano con jueces y fiscales que garanticen el debido proceso…” Esto lo denuncié tiempo atrás en un artículo que puede verse en el siguiente enlace:
https://carlosramirezl3.medium.com/?p=ba8b9b93d8d0
Como sabemos, la actividad de la Corte Penal Internacional es complementaria, esto significa que solo puede intervenir si en el país no hay un sistema judicial independiente, imparcial y eficaz que investigue y sancione debidamente los crímenes, y como sabemos, hace tiempo que en Venezuela se carece de ello. Los cargos de jueces están ocupados por personas que obedecen las instrucciones del régimen, designados a su única voluntad y conveniencia por decisiones administrativas sin que medien procedimientos de concursos públicos. Simplemente son otros obedientes funcionarios gubernamentales mas.
El gobierno de Maduro se propuso engañar al fiscal mostrándole que en tal objetivo de reconstrucción del sistema judicial concurre con la oposición. Dicho esto, veamos como desarrollan el plan.
FASES Y ENCARGADOS DE LA REVOLUCIÓN JUDICIAL DE MADURO
Primero. El capitán Diosdado Cabello dirige la revolución judicial.
En junio del 2021 Nicolás Maduro anunció la creación de un Comité para la revolución judicial que dirigiría todo el proceso, el cual estaría dirigido por Diosdado Cabello y como segundo a Cilia Flores.
Segundo. El subteniente Pedro Carreño dirigió la reforma a la ley del tsj.
Por medio de su ilícita asamblea nacional procedieron a “reinstitucionalizar el sistema judicial”. Esta primerísima actividad la asignaron al conocido subteniente Pedro Carreño quien lideró la modificación de la ley del tribunal supremo de justicia. Entre los mas comentados cambios redujeron el número de magistrados, de 32 bajaron a 20. También eliminó el requisito de mayoría calificada para su designación por la asamblea nacional. Cabe recordar que la exigencia de mayoría calificada para cualquier decisión a tomar en un parlamento tiene el sentido de obligar a la concertación de las distintas tendencias para evitar la imposición de mayorías partidistas circunstanciales.
Tercero
El vicealmirante Giuseppe Alesandrello Cimadevilla (el de uniforme blanco) es el encargado de un comité de postulaciones judiciales que escogerá a los magistrados del tsj.
Para la escogencia de los magistrados formaron un comité de postulaciones judiciales que presidió otro militar, el vicealmirante Giuseppe Alessandrello Cimadevilla cuyo último cargo en el ejército fue el de comandante de la Fuerza Armada designado por Maduro el 7 de julio de 2018 y de donde salió para ser nombrado diputado en la mas reciente farsa electoral del gobierno. El 20 de enero de este año fue nombrado embajador en China y en Mongolia, pero al día siguiente 21 de enero fue nombrado presidente de este comité de postulaciones judiciales para que escogiera a los nuevos magistrados. ¡Dos altos e incompatibles cargos que se le discernieron en dos días seguidos.!
Este militar pasó fugazmente del alto cargo de comandante de la fuerza armada a ser diputado por el partido de gobierno, de aquí a embajador en China y en Mongolia y de allí al otro día a presidente del comité que escogería a los magistrados, todo un “multisápido” agente del gobierno.
Resumen
El gobierno de Maduro ha “reinstitucionalizado” al poder judicial a través de tres militares que mas bien son -o deben ser- parte de la cadena de mando a ser juzgados por la Corte Penal Internacional por los crímenes lesa humanidad objeto del proceso que lleva el fiscal Karim Khan.
Y por si fuera poco la ley del tsj la reformaron en menos de un mes.
El 30 de diciembre aprobaron en primera discusión la reforma a la ley del tsj.
El 18 de enero se aprobó la ley y según Cabello entre esos poquísimos días se hicieron todas las consultas al poder ciudadano como manda la constitución.
El 19 de enero 2022 fue promulgada la reforma a la ley y publicada en G.O extraordinaria 6684 del 20/01/2022
El 21 de enero se instaló ese comité de postulaciones judiciales y nombraron al vicealmirante como presidente.
La constitución regula la formación de las leyes en sus artículos 202 al 215. Aquí se establece un procedimiento complejo y riguroso imposible de culminarlo en los 22 días en los que hicieron esta reforma.
SOBRE LA SITUACIÓN CARCELARIA
También ese aspecto lo abarcó la actividad del gobierno en manos de Diosdado Cabello quien se encargó de disfrazar el horror carcelario que hay en Venezuela, sobre todo en cuanto a los presos políticos a quienes trasladaron a las cárceles donde están hacinados miles de presos comunes con los que los mezclaron.
LA APURADA Y MILITARIZADA “REVOLUCIÓN JUDICIAL”
La revolución judicial del gobierno consistió en barnizar la situación de inexistencia de un sistema de justicia para hacerle ver al fiscal de la CPI que en Venezuela se puede juzgar realmente los crímenes lesa humanidad que se le han denunciado y para ello trabajan arduamente los citados militares Diosdado Cabello, Pedro Carreño y el vicealmirante Alessandrello.
GERARDO BLYDE
Éste como jefe de la comisión opositora que se reunió en México con el equipo del gobierno en aquellos diálogos está en el deber de pronunciarse sobre si esas actividades del régimen se corresponden con el plan que él, en nombre de la Plataforma Unitaria, diseñó y divulgó en el pronunciamiento que hizo público al salir de la última de las sesiones que celebraron y en cuyo punto 3 anunció el abordaje de la recomposición del sistema de justicia y cuyo texto le recuerdo: “A solicitud nuestra, se abordará en la próxima ronda de negociaciones temas vinculados a justicia y reparación. Recuperar el Poder Judicial venezolano con jueces y fiscales que garanticen el debido proceso, es un paso indispensable para transitar el camino de reinstitucionalización del país y recuperar derechos políticos y civiles”.
Jorge Rodríguez al anunciar la reforma que hicieron a la ley del TSJ declaró: “Entienda, sepa y comprenda el pueblo de Venezuela que vamos a fondo con este proceso de reinstitucionalización de las instituciones democráticas de la república.” Obvia coincidencia entre ambos bandos en la finalidad de aparentar “reinstitucionalización” del sistema de justicia interno para evadir la intervención de la Corte Penal Internacional.
EL PREVISIBLE PRÓXIMO PASO DEL GOBIERNO DE MADURO
Como se sabe, la CPI abrió proceso de investigación sobre los crímenes imputables al gobierno que se le han denunciado, proceso en el cual en primer lugar debe verificar si en el país existe o no un sistema judicial capaz, independiente e imparcial para procesarlos pues de ser así correspondería a éste llevarlo a cabo. Tal fue el objeto del documento denominado Memorándum de entendimiento que el fiscal Karim Khan y Maduro firmaron en Caracas el pasado 3 de noviembre.
El objetivo actual del gobierno de Maduro es hacerle ver al fiscal que ha emprendido una real actividad dirigida a “reinstitucionalizar”, a dotar a Venezuela de un sistema judicial de esas características de eficiencia, independencia e imparcialidad para lo cual le es muy útil la antes citada declaración de Blyde para indicarle al fiscal que hay un propósito común entre gobierno y oposición para que el procesamiento de los denunciados crímenes sean confiados a la justicia interna, a la nacional y no a la Corte Penal Internacional. Se trata pues de una gestión vital del régimen para sustraer dichos crímenes del posible juzgamiento de esa CPI.
¿ES POSIBLE QUE EL FISCAL ADMITA ESTA FARSA GUBERNAMENTAL?
Creo que sí, que ese riesgo existe, sobre todo por la falta de una actividad en contrario, y es que Nicolás Maduro está solo en ese tablero, no tiene una contraparte. Mas allá de las meras declaraciones de prensa se requiere una actividad litigiosa específica en el expediente la cual perfectamente pudiera y debiera desarrollar el gobierno interino combinada con una fuerte actividad diplomática dirigida a buscar acompañamiento internacional en esa causa. Resulta verdaderamente asombroso que a Maduro se le esté dejando allí en ese escenario de la Corte Penal Internacional ejecutando su plan sin oposición, solo esperando que Karim Khan nos produzca el milagro de enjuiciarle.
He venido advirtiendo recurrentemente que “La salida es judicial” en el sentido de que desestimada como ha sido la posibilidad de una actuación de fuerza y de la imposibilidad de una solución electoral, deberíamos desarrollar un plan para hacernos sentir en ese procedimiento lo cual es posible -repito- a partir de la intervención de la Asamblea Nacional y del gobierno interino como “Amicus curiae” que es la fórmula que permite a terceras personas intervenir en un juicio en el que no es parte.
LA EXTRAÑA QUIETUD DEL GOBIERNO INTERINO
Mil veces se le ha venido alertando a Juan Guaidó sobre esa inercia judicial que mantiene en casos de vital importancia para el rescate del país no solo en este caso de la Corte Penal Internacional, sino también en la Corte Internacional de Justicia en el caso de la Guayana Esequiba en el que también miró y sigue mirando desde lejos sin tratar siquiera de intervenir mientras se consolida el despojo de ese territorio tan extenso como rico.
En el terreno judicial internacional Guaidó se ha limitado a nombrar “procuradores interinos” para intervenir en los juicios por unos bienes que tampoco han defendido realmente sino por el contrario han agravado nuestros males malbaratando fortunas en unas defensas judiciales tan malas como costosas. Al final esos bienes solo están protegidos por las generosas medidas de protección dictadas por el gobierno norteamericano las cuales no son eternas ni eliminan la causa, no extinguen las deudas, solo atrasan un poco la ejecución judicial de sentencias fraudulentas del CIADI que no han sido debidamente combatidas.
¿Que será lo que está pasando Dios mío…?
Por Carlos Ramírez López
Abogado Venezolano litigante con 40+ años de experiencia. Especialista en Derecho Procesal, Penal, Civil y Constitucional. Estudios en Cortes Internacionales
Twitter: @CarlosRamirezL3
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