La Corte Suprema de Justicia de Colombia citó este jueves a los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana a declarar dentro de la indagación a la exsenadora Piedad Córdoba por supuestamente retrasar la liberación de secuestrados en poder de las FARC con fines políticos.
Uribe (2002-2010) y Pastrana (1998-2002) deberán presentarse el próximo miércoles 23 de febrero.
También fue llamada a declarar Yolanda Pulecio, madre de la candidata presidencial colombiana Íngrid Betancourt, quien estuvo secuestrada más de seis años por las FARC, dijo una fuente de la Corte a Efe.
La declaración de Uribe y Pastrana será presencial y se desarrollará en las instalaciones de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
En el Gobierno de Uribe la entonces senadora Córdoba tuvo autorización para gestionar la liberación de secuestrados que en ese momento estaban en poder de la entonces guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La citación se da dentro de la investigación que realiza la Corte Suprema a Córdoba por la supuesta cercanía de la ahora aspirante al Senado por la coalición de izquierdas Pacto Histórico con las FARC en la década de los años 2.000.
Una investigación de Noticias Caracol reveló que Andrés Vásquez, exasesor de Córdoba, declaró ante la Fiscalía que ella utilizó con fines políticos la liberación de los secuestrados.
Vásquez asegura que estuvo junto a Córdoba, quien tenía permiso del Gobierno Uribe para mediar con la guerrilla, en un encuentro con la cúpula de las FARC en un campamento.
Ante esas declaraciones, Íngrid Betancourt, que estuvo secuestrada más de seis años por las FARC, ha asegurado que Córdoba es «cómplice del secuestro» y por tanto espera que la justicia actúe.
Betancourt, que vuelve a ser candidata presidencial en los comicios de mayo, afirmó que, al retrasar una posible liberación de secuestrados, Córdoba «puso en riesgo» sus vidas y la de todos los que estaban tratando de liberarlos.
Córdoba se ha defendido de los señalamientos de Betancourt y de las acusaciones de su exasesor y en un comunicado aseguró que se trata de una «caza de brujas» y un «linchamiento político» contra ella como ya se ha hecho en otras ocasiones que se ha querido presentar a un cargo de elección popular.
«Nunca hice parte de la organización armada y no tenía posibilidad de incidencia alguna en sus decisiones político-militares. Mi contacto con las FARC-EP, avalado por dos Estados, se da en el marco de la búsqueda de un intercambio de prisioneros acorde al DIH y de gestos humanitarios unilaterales», subrayó Córdoba.
A propósito de este caso la Corte Suprema de Justicia escuchó ayer jueves a Betancourt, quien aseguró que en la diligencia se habló de los secuestrados aunque no dio detalles para no interferir en el proceso judicial.
Con información de Efe.
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