Nueva Zelanda aplicó este viernes sanciones contra 19 entidades rusas y más de 360 personas, entre ellas el presidente ruso, Vladimir Putin, tras entrar en vigor una nueva ley que permite al país imponer sanciones selectivas.
«El mundo está unido contra las acciones de Putin en Ucrania, y solo una semana después de aprobar una legislación histórica, nos unimos a la comunidad internacional para aplicar nuestras primeras sanciones selectivas”, indicó en un comunicado la ministra neozelandesa de Exteriores, Nanaia Mahuta.
Esta primera ronda de sanciones prohíbe la entrada al país a 364 personas, entre ellas políticos y militares rusos, y sanciones a Putin y otros doce miembros del Consejo de Seguridad de Rusia, así como un banco y otras 18 entidades.
«Las sanciones impiden que las personas, los activos y las instituciones financieras de Nueva Zelanda tengan tratos con las personas designadas, y prohíbe que sus embarcaciones y aeronaves ingresen en Nueva Zelanda», apunta la canciller.
El país oceánico, que avanza nuevas rondas de sanciones «las próximas semanas», evita así que los rusos sancionados utilicen el sistema neozelandés para eludir las sanciones impuestas por países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia o la Unión Europea.
Hasta la reciente aprobación de la denominada Ley para Sancionar a Rusia, presentada la semana pasada en el Parlamento de Wellington, la legislación neozelandesa solo permitía implementar sanciones cuando las impone el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Rusia tiene derecho a veto.
“Estas sanciones envían un mensaje claro a Rusia sobre la oposición de Nueva Zelanda a su invasión de Ucrania. Es consistente y refuerza las respuestas de la comunidad internacional, incluidos nuestros socios más cercanos, y ejercerá presión sobre las personas influyentes”, dijo Mahuta.
El 25 de febrero Nueva Zelanda ya anunció la imposición de sanciones, así como la suspensión indefinida de las consultas bilaterales ministeriales.
Con este movimiento, la nación oceánica se une a la batería de sanciones -implementada por Estados Unidos, Unión Europea, Australia, Japón y muchos otros países- contra políticos, militares y oligarcas rusos vinculados a la decisión de la invasión del Ejército ruso de Ucrania.
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