El Tribunal Constitucional (TC) de Perú publicó este lunes la resolución que ordena la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
El fallo expone lo que ya se había dado a conocer el pasado 17 de marzo, cuando el alto tribunal peruano declaró fundado un habeas corpus contra una resolución que dejó sin efecto el polémico indulto otorgado a Fujimori en diciembre de 2017 por el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
La resolución del TC restituye, por tanto, los efectos de dicho indulto y dispone la «liberación inmediata» del exgobernante, de 83 años.
En el documento, el tribunal señala que el juez supremo que anuló el indulto humanitario a Fujimori en 2018 no estaba facultado para hacerlo y que su sentencia, «viciada de incompetencia», solo se fundamentó en la presunción de irregularidades no probadas.
Defiende, además, que la decisión de Kuczynski «contó con los elementos necesarios» y que Fujimori «cumplía con las condiciones necesarias para ameritar» el indulto humanitario, una figura de extinción de la pena que, recuerdan, busca «evitar la muerte en prisión del reo que viene cumpliendo condena definitiva, producto de las condiciones de salud que lo aquejan».
La votación del recurso quedó empatada en tres magistrados a favor y tres en contra, pero el voto dirimente del presidente del máximo órgano constitucional del país, Augusto Ferrero, rompió la igualdad.
Además de Ferrero, a favor de revivir el indulto votaron los magistrados Ernesto Blume y José Luis Sardón, mientras que en contra se pronunciaron Manuel Miranda, Eloy Espinosa-Saldaña y Marianella Ledesma, quien sostiene en el documento que este fallo «ha dañado gravemente la legitimidad constitucional peruana».
«Estoy de acuerdo en que ninguna persona debería morir en prisión, pero su estado de salud y las condiciones desfavorables de la prisión las deben determinar especialistas médicos o penitenciario, pero no tres magistrados del TC», apostilla Ledesma.
Con la sentencia redactada y firmada, el TC oficializará su resolución al juez de ejecución penal supremo, quien debe acatar la decisión y dar luego la orden de libertad al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), según detalló el abogado de Fujimori, Cesar Nakazaki.
Tras conocerse la decisión del alto tribunal, la Justicia peruana ordenó el impedimento de salida del país durante 18 meses a Fujimori para que acuda a las citaciones por el caso que aún se le sigue de Pativilca, una matanza de seis personas perpetrada en 1992.
La decisión del TC, al igual que el propio legado de Fujimori, mantiene dividido al Perú entre quienes ensalzan su figura al considerar que salvó al país del terrorismo y el colapso económico, y quienes remarcan que fue un autócrata que cometió graves violaciones a derechos humanos y abusó de las instituciones democráticas para conservar su poder.
En ese sentido, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicada este domingo en el diario La República reveló que alrededor del 52 % de los peruanos está en contra del indulto al expresidente, frente a un 43 % de la población que está a favor del mismo.
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