El Poder Judicial de Perú dictó este miércoles cinco meses de impedimento de salida del país para dos sobrinos del presidente Pedro Castillo, quienes están siendo investigados por presuntamente integrar una red criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Tras más de cinco horas de audiencia, el juez Manuel Chuyo, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió acoger en su totalidad el pedido que formuló la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, a cargo de la investigación sobre una supuesta organización que operaba en el MTC para obtener dinero de licitaciones de obras públicas.
Entre los implicados en este caso figuran el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y los sobrinos del mandatario Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, quienes no han respondido a la orden de detención preliminar dispuesta el último lunes como parte de las pesquisas que se les siguen por el delito de tráfico de influencias y negociación incompatible.
La medida coercitiva de impedimento de salida del país alcanza a otros ocho investigados, además de los dos parientes de Castillo, quienes se allanaron desde un inicio al pedido fiscal.
«Nuestra parte no va a formular oposición y nos vamos a allanar, porque quiero expresar que mis patrocinados no tienen ninguna intención de abandonar el país», sostuvo el abogado de los Castillo.
ARGUMENTOS FISCALES
La medida se dictó en el marco de las investigaciones fiscales relacionadas con presuntos actos de corrupción en la licitación de Provías Descentralizado, unidad ejecutora del MTC, para la construcción del puente automovilístico Tarata, sobre el río Huallaga, en la selvática región de San Martín.
Según sostuvo Zecenarro durante la audiencia, el Consorcio Puente Tarata III habría sido favorecido en esta licitación al no cumplir con la experiencia mínima en obras similares.
En su intervención, la fiscal mencionó las declaraciones que dio a su despacho la empresaria Karelim López, quien, en calidad de investigada, indicó que Fray Castillo y Gian Marco Castillo, al igual que Pacheco, habrían tenido injerencia indebida en la designación de funcionarios de Provías con el objetivo de direccionar obras.
Por su parte, el juez Chuyo consideró que lo señalado por el Ministerio Público «constituirían hechos que revisten apariencia delictiva y se encontrarían debidamente sustentados a nivel de diligencias preliminares».
«En todos los casos se ha verificado la necesidad de la medida ya que existen diligencias que exigen su presencia, así como la toma de declaraciones», manifestó Chuyo durante la lectura de la resolución.
ORDEN DE DETENCIÓN
Por este mismo caso, la Justicia ordenó el lunes la detención preliminar por diez días contra 11 implicados y al menos tres fueron capturados, entre ellos el empresario Zamir Villaverde.
Otras tres se pusieron el martes a disposición del Poder Judicial, pero tanto Pacheco como los sobrinos del presidente no lo han hecho.
Todos ellos fueron citados en las polémicas declaraciones que brindó en febrero pasado ante la Fiscalía la empresaria López, quien comprometió a Castillo y personas cercanas al mandatario en las actividades de una presunta organización criminal enquistada en el Ejecutivo.
Según trascendió en la prensa local, la aspirante a colaboración eficaz (delación premiada), señalada como una gestora de intereses con vínculos con las altas esferas de poder en los últimos años en Perú, dijo que el presidente buscaba usar ese dinero de origen ilícito para pagar las deudas contraídas durante la campaña electoral del año pasado, en la que derrotó a la derechista Keiko Fujimori.
Pero Castillo rechazó «tajantemente» estas acusaciones y las vinculó a un supuesto plan de un sector de la oposición política para sacarlo del poder.
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