La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) llamó este martes a Venezuela a adoptar “medidas urgentes y adecuadas” tendientes a reconstruir la independencia judicial, a la vez que se asegure justicia a las víctimas de las protestas ocurridas en el año 2017, que dejaron 133 fallecidos, así como miles de heridos y detenidos.
A finales del mes de marzo de aquel año, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela avaló suspender facultades a la Asamblea Nacional (AN) y entregar amplios poderes al Ejecutivo, lo que la Comisión en Washington calificó de “usurpación de funcionales y la anulación de facto de la representación popular”.
“Como resultado de esta ruptura del orden constitucional, entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017 miles de personas se movilizaron en todo el territorio nacional, y fueron reprimidas por parte del Estado con uso excesivo, ilegítimo e indiscriminado de la fuerza”, apuntó la CIDH en un comunicado sobre los sucesos.
Para el ente vigilante de la protección de derechos humanos, que forma parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del que Venezuela es firmante, señala “la ausencia de avances sustanciales en las investigaciones por falta de independencia judicial”.
Sobre los acontecimientos, la Misión Internacional Independiente para la determinación de los hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) documentó los mecanismos de presión al que fueron sometidos los jueces penales para decidir sobre los casos, además de la injerencia contra los fiscales para cerrar expedientes en aquellos casos que trataban de establecer las cadenas de mando en las flagrantes violaciones a derechos humanos.
En la CPI
La Comisión en Washington recuerda que las violaciones sistemáticas de las garantías fundamentales han permitido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrir una investigación contra el Estado venezolano.
La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU también ha señalado el quiebre de la institucionalidad en el país y la falta de garantías elemental ante la falta de independencia judicial.
El ejecutivo de Nicolás Maduro ha rechazado las acusaciones y ha argumentado que se trata de “conspiraciones” contra la autodeterminación del país petrolero.
Sin embargo, ante las investigaciones de la CPI contra el Gobierno venezolano por “crímenes de lesa humanidad”, la Comisión Permanente de Política Exterior del Parlamento de Venezuela argumentó en días recientes que “se está gestando una violación del debido proceso en la CPI”.
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