Quienes hemos pasado por las aulas universitarias para graduarnos de abogados hemos estudiado un hito que se denomina “La pirámide de Kelsen” que el Fiscal Karim Khan conoce muy bien dado su nivel alto nivel académico. Se trata de la jerarquización de las normas que rigen la vida del sistema jurídico escalonado. Es un estudio que de esto hizo el jurista austríaco Hans Kelsen y que marcó época. Este diseño -aquí en una explicación reducida- coloca en la cúpula a la norma fundamental que es la Constitución, un escalón abajo están las leyes con sus distintas categorías, más abajo otro escalón ocupado por los reglamentos hasta llegar a la base de la pirámide formada por las sentencias judiciales que vienen a ser normas jurídicas individuales.
En Venezuela podemos hacer un símil orgánico respecto a su poder judicial. En la cúpula está el TSJ, un escalón abajo los tribunales superiores, escalón abajo tenemos a los tribunales de primera instancia penales y civiles y finalmente los tribunales municipales. Toda esa estructura en Venezuela está podrida, infectada de corrupción que se desparrama desde la cúpula donde las sentencias responden bien a intereses políticos gubernamentales o simplemente a corrupción económica, y de allí hacia abajo lo que hay es ejecución de esa putrefacción, de modo que nada cambiará en la administración de justicia venezolana solo cambiando a los jueces del máximo tribunal y dejando intacta esa mafia que desde allí se desprende hacia la base.
LA TRAMA DEL ENGAÑO QUE SE PRETENDE
Dentro de la línea política de Nicolás Maduro y su régimen ocupa lugar prioritario tratar de engañar al Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la realidad del aparato judicial de Venezuela para simularlo como un ente recompuesto en un proceso democrático capaz de juzgar con independencia los hechos criminales por los que ahora está en curso el expediente denominado “Venezuela 1” y para eso debe presentar un informe que luego de sucesivos retrasos tiene como fecha límite el próximo sábado 16 de este mes de abril.
LA FALSA REVOLUCIÓN JUDICIAL
La actividad antes citada la viene desarrollando el régimen dentro de un plan que ha denominado “revolución judicial” dentro en la cual se diseñó la reorganización del tribunal supremo de justicia de Caracas que desde diciembre de 2015 viene siendo manejado por unos magistrados que Diosdado Cabello nombró abusiva e ilícitamente el 23 de diciembre de 2015 a pocos días de tener que entregar la presidencia de la Asamblea Nacional a la oposición que había arrasado en las elecciones.
Ese tribunal se ha constituido en la principal evidencia de que en Venezuela no existe un sistema judicial independiente para el juzgamiento de los crímenes que se han denunciado ante la Corte Penal Internacional y por ello el régimen apura el paso para hacer creer que está en vías de solucionar ese obstáculo, pero en el camino han tropezado con la erupción que significó las denuncias televisadas que hizo Pedro Carreño sobre la existencia de un súper poder que denominó “magistrados 33 y 34” que tras bastidores estarían manejando los hilos de ese tsj, denuncia que frenó -no se sabe hasta cuando- la etapa final de dicha “revolución judicial” y la entrega del informe al Dr. Khan.
DETALLES
Se ha desatado una verdadera locura entre los beneficiarios del régimen, todos quieren ser magistrados, es como el codiciado botín por el que se pelean los miembros de una banda. 434 personas se postularon y ya en la primera preselección eliminaron a 200, quedaron 258; de los cuales 240 asistieron a las citas presenciales con el comité de postulaciones para allí demostrar sus capacidades y aptitudes para los cargos, actividad a la que se dedicaron el absurdo lapso de 2 días (22 y 23 de febrero), véase bien: doscientas cuarenta aspirantes para ser entrevistadas en solo dos días (22 y 23 de febrero).!
Además del detalle del tiempo, tenemos que la gran mayoría de ese grupo de aspirantes que va quedando son miembros del PSUV lo cual a pesar de estar prohibido por la ley ellos mismos lo esgrimen como la primera credencial para que les den los cargos.
El portal Armando Info hizo un excepcional trabajo de investigación sobre los detalles del ese proceso de escogencia de candidatos y al cual puede accederse en el siguiente enlace:
PERO, EL PROBLEMA NO ES SOLO EL TSJ
El drama del sistema judicial en Venezuela no radica exclusivamente en el TSJ, es que se ha extendido a toda la estructura escaleras abajo. En Caracas y en las regiones lo que hay es un bandidaje terrible del que este régimen ha infectado al poder judicial al punto de que constituye una amenaza para la sociedad. Los casos que constantemente son denunciados sin que se tomen medidas de ninguna naturaleza demuestran que es una especie de “Pirámide de Kelsen negra” conformaba por una compleja organización criminal que ha convertido a los tribunales en un verdadero antro delincuencial, una amenaza para la sociedad porque está hecha para dar impunidad al delito, y no solo al delito teñido de política, sino al delito común, son bandas que operan en total descaro compartiendo beneficios con quienes ocupan tribunales superiores estadales, los de primera instancia y municipales en el área civil, así como también el área penal cuyos circuitos judiciales, tribunales de juicio, de control y de ejecución están en manos de bandidos que comparten ganancias con hampones, traficantes, asesinos y demás.
EL BANDIDAJE JUDICIAL
Si el Fiscal Khan ha llegado a creer que puede compartir su actividad de investigación y enjuiciamiento contra autores de los gravísimos delitos que han conducido a la apertura de esa investigación sobre crímenes lesa humanidad que le corresponde dirigir, le sugerimos que pida cuentas de la estructura tribunalicia aguas abajo a partir del TSJ ¿cuántos jueces están habilitados profesionalmente, intelectualmente, académicamente para el ejercicio de la judicatura en el área penal? ¿cómo accedieron a los cargos.? Con solo pedir que se le informe la tabla de sueldos y salarios de esos jueces que están por el orden de los 20 dólares mensuales, no será difícil concluir que ninguno de ellos puede estar ejerciendo funciones con honestidad. Esos jueces en los que la fiscalía de la CPI debe apoyarse en la “complementariedad positiva” para determinar la culpabilidad criminal de altos funcionarios militares y civiles del gobierno de Maduro están en nóminas de 10, 20 y máximo 40 dólares como sueldos y salarios por cada mes de trabajo que solo puede surtirle supervivencia a ellos y a sus familiares mediante el “rebusque”.
Ojalá el Fiscal Karim Khan pregunte a Delcy Rodríguez que significa ese término, esa palabra “rebusque”.
Por Carlos Ramírez López
Abogado Venezolano litigante con 40+ años de experiencia. Especialista en Derecho Procesal, Penal, Civil y Constitucional. Estudios en Cortes Internacionales
Twitter: @CarlosRamirezL3
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