El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador indicó este viernes que «no ha conocido de fuente oficial» el «supuesto asilo» concedido por el Gobierno de Bélgica» al expresidente Rafael Correa (2007-2017).
El abogado del exmandatario, Christophe Marchand, confirmó a Efe que Bélgica ha concedido asilo político a Correa.
En una resolución fechada el pasado 15 de abril, el comisariado general de refugiados y apátridas (CGRS) de Bélgica confirma que otorga a Correa el estatus de refugiado en este país, donde ya residía desde 2017 porque de él procede su esposa, Ann Malherbede.
La solicitud de asilo se había puesto en marcha en 2018 tras iniciarse en Ecuador el juicio en el que Correa fue condenado por el secuestro del opositor Fernando Balda en Colombia en 2012.
En un comunicado, la Cancillería ecuatoriana expresó también que ha sabido de la decisión de la Corte Nacional de Justicia de solicitar la extradición del exmandatario a Bélgica a través de la declaración a un medio por parte de su presidente, Iván Saquicela.
«Este Ministerio aclara que hasta este momento no ha recibido ningún requerimiento oficial de parte de la Corte Nacional de Justicia», señala el comunicado.
Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que, tan pronto reciba el expediente de extradición debidamente traducido al idioma oficial, como anunció el presidente, procederá a su respectivo envío al Gobierno de Bélgica, «por medio de los canales diplomáticos correspondientes».
La CNJ de Ecuador solicitó formalmente la extradición de Correa, condenado en 2020 a ocho años de cárcel por cohecho y prófugo de la Justicia en Bélgica.
«El día de ayer, he firmado ya la providencia, iniciando el trámite de extradición como corresponde en derecho, del ciudadano expresidente de la República del Ecuador Rafael Vicente Correa Delgado», reveló el presidente de la Corte, Iván Saquicela, al canal televisivo local Teleamazonas.
Diez jueces del alto tribunal ratificaron la decisión, que supone un paso más encaminado a que el exmandatario cumpla los ocho años de prisión y 25 de inhabilitación política (no pudo postularse para las elecciones de 2021) a los que fue condenado en una sentencia firme dictada por la Justicia ecuatoriana.
La sentencia se enmarca en el caso «Sobornos 2012-2016», una trama en la que se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas, la constructora brasileña Odebrecht.
Tras dar paso al inicio del proceso, la CNJ deberá entregar el requerimiento oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores y este tramitar ante el Gobierno belga la reclamación judicial, conforme al convenio de extradición ratificado con ese país en 1887, además de la legislación y tratados internacionales posteriores.
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