La titular del Congreso peruano, María del Carmen Alva, aseguró este lunes que la propuesta del presidente Pedro Castillo de someter a consulta popular la redacción de una nueva constitución es «inconstitucional e inviable» y «una distracción» que tiene como objetivo final el cierre del Parlamento.
«Es un tema que no está en la Constitución, es anticonstitucional e inviable. Por lo cual, si envían esto (proyecto de ley), (los firmantes) podrían ser pasibles de una denuncia constitucional», afirmó Alva en declaraciones a periodistas.
La presidenta del Legislativo consideró, en ese sentido, que el anuncio que hizo el mandatario es «una distracción» que busca el cierre del Parlamento, algo que, aseguró, «siempre ha querido este Ejecutivo».
«Aquí nadie es ingenuo, sabemos bien lo que quiere, desde el primer día se sabía que el objetivo era cerrar el Congreso», insistió.
Desde la ciudad andina de Cusco, Castillo prometió el último viernes presentar un proyecto de ley al Legislativo para determinar si se consulta a los ciudadanos que acudirán a las urnas el próximo 2 de octubre para votar en las elecciones municipales y regionales si desean una nueva constitución.
La Presidencia peruana informó que el proyecto de ley está siendo evaluado este lunes en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros que es presidida por Castillo.
El 28 de julio de 2021, minutos después de asumir como presidente, el gobernante anunció que propondría una reforma constitucional que, de ser aprobada por el hemiciclo y refrendada por la ciudadanía en un referéndum, daría luz verde a la convocatoria a una Asamblea Constituyente, encargada de redactar una nueva carta magna.
De esta manera, el mandatario aterrizó una de sus principales banderas en campaña electoral, respaldada por el partido marxista que lo llevó al poder, Perú Libre, que aboga por la elaboración de una Constitución que sustituya la vigente, promulgada en 1993 por el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).
Aún así, el reciente anuncio de Castillo sorprendió por contradecir lo que manifestó en marzo pasado el jefe del gabinete ministerial, el jurista Aníbal Torres, quien aseguró que el Gobierno no iba a promover la Asamblea Constituyente, en la misma línea de lo que ya había dicho con anterioridad la exprimera ministra Mirtha Vásquez, quien descartó que esta fuera una prioridad del Ejecutivo.
En otro momento, Alva resaltó que el actual gabinete tiene entre sus filas a cinco abogados y aseguró «dudar mucho que firmen» la iniciativa de Castillo por ser inconstitucional, esto por presuntamente vulnerar la atribución exclusiva del Parlamento de reformar la Constitución.
Por otro lado, acusó al Ejecutivo de querer trasladar al Congreso las responsabilidades del «desgobierno» en el que se encuentra el país.
«De todas las ineptitudes nos echan la culpa, pero el pueblo peruano no es tonto, ni ingenuo y se da cuenta y sabe que este señor (Castillo) no está preparado para gobernar», aseguró Alva.
Desde que inició la actual gestión, hace nueve meses, los enfrentamientos entre el Ejecutivo y Legislativo, que domina la oposición política, han sido constantes.
A pesar de lograr el voto de confianza de tres gabinetes distintos y altamente cuestionados, Castillo ha sobrevivido a dos intentos fallidos de la oposición para sacarlo del poder y el Congreso ha presentado 20 pedidos de interpelación a miembros de su Gobierno.
En la actualidad, cuatro de ellos están pendientes de admisión en la cámara: uno contra Torres y el resto contra los titulares de Interior, Alfonso Chávarry; de Energía y Minas, Carlos Palacios; y de Trabajo, Betsy Chávez.
Por su parte, el Congreso y su presidenta tienen los niveles más altos de desaprobación desde que iniciaron sus funciones, con un 86 % y un 76 % de ciudadanos que no avalan su gestión, respectivamente, según reveló el último sondeo de opinión elaborado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
El sondeo también señaló que la desaprobación a la gestión de Castillo llega al 67 %, mientras que un 65 % de los encuestados cree que el presidente no acabará sus cinco años de mandato, en 2026, un 63 % de ellos por su «incapacidad para gobernar» y un 30 % porque piensa que «no lo dejan» dirigir el Ejecutivo.
EFE
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