La fiscal general ucraniana, Iryna Venediktova, aseguró hoy a Efe que la situación en su país “no es solo un conflicto armado, es una guerra agresiva y brutal”, y explicó que se han identificado más de 15.000 presuntos crímenes de guerra, incluidos de carácter sexual, con violaciones “de militares rusos a mujeres, niños, hombres y ancianas”.
Venediktova, de 43 años, es la primera mujer que ocupa el cargo de fiscal general de Ucrania, y lo hace desde marzo de 2020 con investigaciones de delitos de corrupción, pero ahora tiene el reto de documentar con evidencias válidas a nivel judicial los presuntos crímenes que se cometen en la guerra en marcha, con un ojo puesto en el presidente ruso, Vladímir Putin.
En una entrevista con Efe en La Haya, esta exprofesora de derecho instó a “hablar con honestidad” porque, dijo, lo que está pasando en Ucrania “no es solo un conflicto armado, es una guerra agresiva y brutal de la Federación de Rusia al territorio ucraniano”, que comenzó el 24 de febrero y deja al menos 4.074 muertos y 4.826 heridos, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Si hablamos de pruebas, hablamos de 15.000 casos en los que cada caso específico tendrá evidencias específicas. Si hablamos del asesinato de civiles, tenemos testigos, balas, armas. También hablamos de violaciones: los militares rusos han cometido crímenes sexuales en territorio ucraniano, han violado a mujeres, niños, hombres, ancianas”, resumió.
UNA TAREA INTERNACIONAL
También enumeró los presuntos saqueos y torturas, crímenes de los que también tiene material incriminatorio “enorme, masivo”, así como una veintena de casos sobre traslado forzoso, incluido de niños, “lo que en el código penal ucraniano es parte de la calificación de crimen de genocidio”.
“Es importante encontrarlos y devolverlos a sus casas, pero sobre todo demostrar y encontrar todas las pruebas de este crimen porque es parte de un genocidio”, lamenta.
Según sus cálculos, se cometen unos “200 a 300 crímenes de guerra al día” en Ucrania, mientras que en la región del Donbas en concreto se han identificado “miles de casos” en total.
Venediktova recordó que la recopilación de pruebas se está haciendo “con socios internacionales sobre el terreno”, lo que incluye la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que envió mediados de mayo a 42 investigadores, expertos forenses y personal de apoyo, el mayor despliegue sobre el terreno de su oficina en dos décadas.
Hasta ahora, la fiscalía ucraniana ha identificado “cerca de 80 sospechosos”, algunos ya detenidos y a otros se les juzgará “incluso en rebeldía”. “Cuando se hayan recopilado todas las pruebas como para ir a los tribunales, iremos, aunque no tengamos a los criminales físicamente bajo custodio”, dijo.
“La situación ahora es totalmente diferente (a su trabajo antes del inicio de la guerra), porque ves cada día un alto número de muertes, de niños y familias asesinadas. Pero toda nuestra maquinaria estatal, nuestras agencias de cumplimiento de la ley, están listas para hacer su trabajo sobre el terreno, y lo hacemos 24 horas al día, siete días a la semana”, agrega.
LA AGRESIÓN
Sobre el crimen de agresión, que queda fuera de las competencias de la CPI en el caso de Ucrania porque ni Kiev ni Moscú cumplen con la condición «sine qua non» de ser Estados firmantes del Estatuto de Roma -fundacional de ese tribunal internacional- Venediktova subraya que se ha abierto un caso por este crimen “desde el primer día de la agresión y todo el mundo entendió quién es el responsable del crimen de agresión”.
“Es nuestro caso principal y central. En este caso, tenemos más de 600 sospechosos. Son altos cargos políticos, ministeriales, militares y agentes de propaganda de la Federación de Rusia. Pero hay tres personas que no podemos empezar a procesar porque tienen inmunidad funcional (ante terceros países)”, agrega, en referencia a Putin, su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov; y el primer ministro, Mijail Mishustin.
Pero, advirtió, Kiev está lista para entregar las evidencias incriminatorias a las instituciones que sí les pueden procesar, básicamente a la CPI (que tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra y lesa humanidad que se cometen en Ucrania, y no reconoce la inmunidad funcional). “O vamos a esperar a que dejen sus cargos y no tengan inmunidad funcional”, señaló.
De momento, seguirá amontonando evidencias y admite que las entrevistas con víctimas y testigos “son muy duras” y enumera que ha tenido delante a refugiados que han perdido a sus familias y sus casas, y otros que han visto masacres. “No olvidaremos, no perdonaremos”, concluyó.
EFE
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