Hungría y Polonia sí, España no: los motivos del sesgo izquierdista de la Comisión Europea
La Comisión contra Hungría y Polonia: una persecución ideológica
Hace ya unas semanas, la Comisión Europea admitió que el retraso en la llegada de los fondos de ayuda por la pandemia a Hungría y Polonia y la negativa de sus gobiernos a asumir determinadas agendas ideológicas: “Existe un vínculo entre los planes y las recomendaciones específicas de cada país en el semestre europeo”, señaló Didier Reynders, comisario europeo de Justicia, que señaló cuáles son los impedimentos: en el caso de Polonia, “la independencia del sistema judicial”, y en Hungría “la lucha contra la corrupción”.
La semana pasada, el Financial Times vinculaba el bloqueo de los fondos de la UE a Hungría y Polonia a cuestiones de “derechos humanos”: “Polonia y Hungría están envueltos en disputas con la UE sobre cuestiones del Estado de Derecho, incluidas acusaciones de discriminación contra personas LGBT+“, señalaba el diario británico. Esos dos asuntos son los más mencionados en los medios a la hora de hablar sobre las causas de la persecución ideológica de la Comisión Europea contra Polonia y Hungría, y es necesario calificarla así porque bajo el término “Estado de Derecho”, la UE está introduciendo una agenda ideológica que no tiene nada que ver con los valores democráticos y que incluso los pone bajo amenaza.
La agenda ideológica de la Comisión: aborto e ideología de género
En Contando Estrelas ya pudisteis ver algunos ejemplos de esa ofensiva ideológica, como el intento de la UE de imponer a Polonia una agenda a favor del aborto y contra una ley antipedofilia aprobada por el Parlamento Polaco, por el mero hecho de que esa norma impide la imposición de la ideología de género en el país, y la oposición de Bruselas a la ley antipedofilia aprobada por el Parlamento Húngaro, en términos muy parecidos a la citada ley polaca. Así pues, no estamos ante una objeción de Bruselas a supuestas violaciones del Estado de Derecho, sino ante un intento de imponer las tesis ideológicas de la izquierda, unas tesis ante las que ha ido cediendo el Partido Popular Europeo.
La deriva autoritaria del gobierno socialista y comunista español
La prueba más clara de que la ofensiva de la UE contra Hungría y Polonia no tiene nada que ver con el Estado de Derecho es su trato muy diferente a otro de los países miembros. El gobierno de coalición socialista y comunista de España está atacando la independencia judicial, un ataque que ya empezó en 2018, poco después de la llegada del socialista Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno. Ese ataque viola la Constitución Española y ya fue duramente criticado por la Asociación Europea de Jueces (EAJ) hace un año.
El silencio de la Comisión ante los ataques al Estado de Derecho en España
Por aquellas fechas, además, la oposición política denunció esos planes del gobierno ante la Comisión Europea. Más recientemente, en abril de 2021, 2.500 jueces españoles avisaron a la UE de que España va “hacia el totalitarismo”, denunciando un “riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en España”. A diferencia de su exceso de celo contra Hungría y Polonia, la Comisión Europea ha adoptado un perfil muy bajo ante esas denuncias, evitando pronunciarse de forma pública y clara contra esos ataques al Estado de Derecho en España.
Mientras la Comisión Europea mantiene silencio ante la deriva autoritaria en España, el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional (TC) español confirmaba que el gobierno de Pedro Sánchez violó derechos fundamentales, concretamente el derecho de circulación y el derecho de reunión, en el primer estado de alarma decretado en marzo de 2020 con la excusa de hacer frente a la pandemia. Medios españoles ya han señalado que el TC podría declarar también en breve la inconstitucionalidad del segundo estado de alarma decretado por Sánchez por eludir el control parlamentario durante seis meses, impidiendo el control de la labor del gobierno por parte del Congreso de los Diputados.
Diez comisarios socialistas forman el grupo mayoritario de la Comisión
Cuesta entender que la Comisión Europea mantenga silencio ante esas graves violaciones del Estado de Derecho en España, mientras emprende una ofensiva en toda regla contra Hungría y Polonia porque sus gobiernos conservadores se niegan a someterse a los dictados ideológicos de la izquierda. Los motivos son fáciles de hallar. Actualmente, el grupo político mayoritario del órgano que preside Ursula von der Leyen es el Partido de los Socialistas Europeos, con diez comisarios. Entre ellos hay un socialista español, Josep Borrell, miembro del mismo partido, el PSOE, al que pertenece el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y que en junio votó contra una condena europea de la represión en Cuba, poco después de descubrirse los amistosos contactos entre la delegación europea del PSOE y la dictadura cubana.
¿Velan por la democracia en la UE los mismos que protegen a la dictadura cubana?
Para poder mantener ese gobierno de coalición, Von der Leyen necesita el apoyo de los socialistas europeos, que no permitirían un castigo a sus colegas españoles. Para la actual presidenta de la Comisión no hay impedimento alguno en atacar a gobiernos conservadores como el húngaro y el polaco, en manos de partidos que no están entre sus socios europeos, pero si denunciase la deriva autoritaria del gobierno español, eso podría costarle el cargo, ya que previsiblemente perdería el apoyo de lo socialistas, que no permitirían un castigo a Pedro Sánchez de ninguna forma, de la misma forma que defienden a una dictadura comunista como la de Cuba, que viola sistemáticamente los derechos humanos. Es absurdo suponer que esos mismos socialistas están atacando a Hungría y Polonia para defender la democracia.
