El número de fallecidos en el contexto de las protestas en Ecuador por la carestía de la vida se elevó este viernes a cinco tras confirmarse la muerte por arma de fuego de uno de los participantes en un ataque a un convoy militar que dejó 17 militares heridos.
Así lo informó en rueda de prensa el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien volvió a negar que la Policía tenga responsabilidad en las cinco muertes reportadas por las organizaciones defensoras de derechos humanos desde el inicio de las protestas el 13 de junio.
«¿Cómo se repele a un delincuente?» Esta ya no era una manifestación, era un acto criminal», dijo Carrillo para explicar el proyectil que acabó con la vida de esta persona, durante la emboscada sufrida por el convoy militar a la altura de la localidad de San Antonio de Pichincha, cerca de Quito.
El titular de la cartera del Interior expresó su solidaridad con las familias de todas las víctimas, después de que en la víspera tildase de «daños colaterales» a los fallecidos.
Las cinco víctimas mortales han fallecido en distintas situaciones a lo largo de la segunda semana de protestas, que ya van por su duodécimo día consecutivo, ahora concentradas principalmente en la capital Quito.
En su último reporte, ofrecido al mediodía de este viernes, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador también consignó cinco desaparecidos y 166 personas heridas, así como un total de 64 vulneraciones a los derechos humanos.
Esta alianza también registra 108 detenciones, entras ellas las del líder indígena Leonidas Iza, principal promotor de las protestas, que fue detenido tras la primera jornada de movilizaciones y pasó casi un día privado de libertad hasta que una jueza lo puso en libertad condicional con cargos por presunta paralización de servicios esenciales.
Las protestas se desarrollan en base a un pliego de diez demandas del movimiento indígena, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía.
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