En un intento por avivar el nacionalismo y justificar sus políticas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha empezado a tildar a sus oponentes de “traidores” y los acusa de trabajar para otros gobiernos.
Los analistas afirman que López Obrador empieza a parecerse al primer ministro húngaro, el derechista Viktor Orban, que llama agente extranjero a cualquiera que se le oponga.
El tema llegó a un punto crítico la semana pasada, cuando López Obrador trató de eludir las impugnaciones judiciales a uno de sus proyectos favoritos, al declarar la construcción de un tren turístico un tema de “seguridad nacional”, sin explicar por qué un proyecto turístico justificaba esa declaratoria.
El lunes, el presidente mexicano dijo que se trataba de un caso de intervención extranjera de ambientalistas pagados por el gobierno de Estados Unidos, un señalamiento cautivador en un país que ha sido invadido varias veces.
“Llegan de la Ciudad de México y de otras partes del país seudo ambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos y nos promueven estos amparos”, aseguró López Obrador. “Entonces, se recurre a un procedimiento que establece la ley, que es declarar esta obra de seguridad nacional por muchas razones, porque está interviniendo un gobierno extranjero”.
El activista Pepe Urbina presentó una de las impugnaciones judiciales que paralizaron el llamado Tren Maya, que se abre camino a través de la selva de la península mexicana de Yucatán.
El proyecto amenaza muchos cenotes, que son cavidades de agua dulce típicas de Yucatán, donde se han descubierto algunos de los restos humanos más antiguos de América del Norte.
“Se nos está difamando con esta afirmación de que trabajamos para el gobierno de Estados Unidos”, afirmó Urbina, quien se gana la vida como buzo profesional y niega haber recibido fondos del vecino país del norte. “Es absurdo”, aseguró.
El Tren Maya planea un recorrido de 1.500 kilómetros a través de la península de Yucatán, conectando balnearios y sitios arqueológicos. López Obrador lo ha eximido de las declaraciones de impacto ambiental, pero un juez no estuvo de acuerdo y congeló las obras en un tramo de 60 kilómetros de vías entre Cancún y Tulum.
Antonella Vázquez, una abogada que se hizo cargo de las apelaciones de forma voluntaria, también negó haber recibido financiación del gobierno de Estados Unidos.
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