Una demanda presentada en una corte federal del Sur de la Florida alega que un pequeño banco de Miami ha estado bajo el control del régimen de Nicolás Maduro y que fue utilizado para evadir las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el país petrolero.
La demanda, introducida por accionistas minoritarios de Eastern National Bank, también alega que el 99% de las acciones del banco pertenecen a una empresa inscrita en Curazao, Mercorp, que a su vez pertenece a una compañía venezolana, Corpofin, que fue intervenida y está bajo el control del régimen venezolano.
La demanda fue introducida en enero contra integrantes de la junta directiva del banco entre la que figura Gabina Rodríguez, quien presidió el directorio de Eastern entre el 2015 y el 2021, tras haber sido nombrada por las autoridades del régimen como la interventora de Corpofin.
“Rodríguez es un agente del sancionado régimen de Maduro en Venezuela, y mientras se mantenga en completo control del ENB, el régimen de Maduro tendrá acceso al sistema financiero de Estados Unidos, permitiéndole a Maduro evadir las sanciones de la OFAC”, la Oficina de Control de Activos Extranjeros adscrita al Departamento del Tesoro, señala la demanda introducida por los accionistas minoritarios del banco.
El gobierno de Estados Unidos ha aplicado una serie de sanciones contra el régimen venezolano y decenas de sus dirigentes, acusándoles entre otras cosas de destruir la democracia venezolana, estar involucrados en numerosos esquemas de corrupción y de haber convertido al país en un narcoestado.
Entre otras cosas, las sanciones introducidas por la OFAC prohíben a compañías y ciudadanos bajo jurisdicción estadounidense a realizar negocios con funcionarios y entidades estatales, salvo que éstas cuenten con licencias especiales otorgadas por el Departamento del Tesoro.
Los accionistas minoritarios – las compañías Bancor Group Inc. y Stitching Particulier Fonds Franeker– alegan que los directores de Eastern han incumplido con sus obligaciones fiduciarias, provocando daños al banco y perjudicando el valor accionario de la institución. El Eastern National Bank tiene cerca de $260 millones en activos y cuatro sucursales en el sur de la Florida, incluyendo Miami, Hialeah y Doral.
Los demandados, entre tanto, reconocen que la composición accionaria del banco es singular, pero niegan que esto signifique que esté bajo control del régimen de Caracas y enfatizan que el banco consiguió el debido permiso de la OFAC para operar en Estados Unidos bajo la actual estructura accionaria.
“La corte no debe y no puede ponerse el sombrero de regulador bancario”, señala uno de los documentos presentados en la corte por los demandados, que además de Rodríguez también incluyen a los directores y ex directores del banco: Louis Ferreira, César Gómez, Keith Parker, Carlos Rodríguez y Gustavo Macías.
Las licencias reconocidas por la OFAC “son suficientes para demostrar que la relación accionaria mayoritaria fue aprobada por la agencia reguladora apropiada (y) los demandantes no pueden hacer uso de esta acción para impugnar la validez de la conducta de la junta directiva… cuando esa conducta ha sido expresamente autorizada por la correcta agencia del poder ejecutivo”, añadió el documento.
La defensa también alega que la posición accionaria en Eastern de los demandantes es insignificante, sumando apenas un 1% del total accionario. La relación de Rodríguez con el régimen de Maduro queda claramente delineada en la queja introducida por los demandantes.
El régimen la nombró en el 2009 como receptora de Corpofin, otorgándole con esa medida control total de Mercorp. De esa manera, Rodríguez tiene la autoridad para nombrarse a ella misma como la directora gerente única de Mercorp, la cual a su vez tiene el bloque de acciones mayoritario en Eastern, y por ende, tiene los votos (salvo que los derechos de votos sean restringidos) necesarios para elegir a los integrantes de la junta directiva de Eastern, dijeron en la demanda.
Rodríguez ha tenido una larga carrera como empleada pública venezolana de casi 30 años, desempeñándose en el estatal Banco Industrial de Venezuela en 1993, en la Contraloría General de la República, de 1993 al 2002, y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Los demandantes alegan que Eastern ayudó al régimen a mantener el acceso al sistema financiero internacional después que “todos los bancos estadounidenses” cerraran la relación de banco de corresponsalía que mantenían con el Banco de Venezuela al abrir y mantener ese tipo de cuenta con el banco estatal.
Esa decisión posteriormente le generó problemas a Eastern luego de que la Contraloría de la Moneda, entidad independiente del Departamento del Tesoro, notificó en el 2018 que había detectado una serie de deficiencias en las prácticas antilavado y en las prácticas relacionadas al secreto bancario relacionadas con la operación de la cuenta con el Banco de Venezuela, En la notificación de la Contraloría, la entidad dijo haber identificado 10 relaciones de cuenta de las cuales había “insuficiente información de diligencia debida”, señalan los demandantes.
La Contraloría ordenó al directorio de Eastern, entre otras cosas, que nombrara un Comité de Observancia compuesto por tres directores, dos de los cuales no podían ser ni empleados, ni ejecutivos o accionistas del banco. Según los demandantes, los directores del banco fallaron en adoptar los apropiados correctivos, lo cual fue reseñado por la propia Contraloría en otra advertencia emitida en el 2020.
“El banco no ha logrado cumplir con la orden del 2018 y no ha corregido las deficiencias que condujeron a la orden del 2018”, señaló la entidad. “El banco incurrió en numerosas prácticas inseguras y defectuosas
Fuente: El Nuevo Herald
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