El Gobierno de Ecuador declaró este domingo un estado de excepción en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste), que fue sacudida esta madrugada por una explosión perpetrada en el barrio Cristo del Consuelo y que, de momento, deja cinco personas muertas y 17 heridas.
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, anunció en su cuenta de Twitter que, además, ha dispuesto que se utilice toda la fuerza pública necesaria para mantener el control y la seguridad en Guayaquil.
«No permitiremos que el crimen organizado pretenda manejar al país», agregó el mandatario, mientras que varios de sus ministros ofrecieron una rueda de prensa para detallar sobre las primeras investigaciones y acciones efectuadas en tono a este suceso.
El titular de la cartera del Interior, Patricio Carrillo, informó que en el atentado se usaron explosivos de fabricación casera elaborados con base en sustancias químicas y descartó la utilización de granadas o dispositivos de uso policial o militar, como se había rumoreado en redes sociales.
La potencia del explosivo colocado en la calzada junto a una vivienda del barrio Cristo del Consuelo generó un orificio de 1,6 metros de diámetro, de 36 a 40 centímetros de profundidad y cuya onda expansiva llegó a entre 60 y 70 metros, explicó.
La deflagración mató a dos mujeres y un hombre en el sitio del siniestro, mientras que otras dos personas fallecieron en los hospitales a los que fueron llevados por los servicios de asistencia, agregó Carrillo.
Asimismo, indicó que de los diecisiete heridos sólo dos se encuentran en «estado crítico» y que la detonación afectó a unas ocho viviendas.
Presumiblemente, dijo el ministro, los atentados estaban dirigidos contra un sujeto conocido con el alias de «Cucaracha», así como contra otro conocido como «Junior», que al parecer tienen relación con la denominada banda «Tiguerones», vinculada al microtráfico de drogas y a las masacres que se han sucedido durante los últimos dos años en varias cárceles ecuatorianas.
Carrillo explicó que este suceso se suma a otros 58 eventos de «terrorismo menor» que se han registrado en Guayaquil.
De su lado, el secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, precisó que el decreto de estado de excepción del Gobierno incluye la conformación de una fuerza de tarea conjunta entre la policía y las Fuerzas Armadas para restablecer el orden en el sector y apoyar las investigaciones.
Ordóñez pidió a los sectores políticos del país comprender el problema y no convertirlo en un asunto electoral, dada la proximidad de los comicios provinciales, municipales y parroquiales del 5 de febrero de 2023.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, afirmó que el atentado tiene ciertas «características terroristas» y que aparentemente se vincula a bandas del crimen organizado.
Jiménez también indicó, en la misma rueda de prensa, que el Gobierno incluirá preguntas al electorado sobre seguridad ciudadana en una consulta popular que prevé llevar adelante próximamente.
El objetivo de esas preguntas, entre otos fines, busca que ninguna autoridad local o nacional eluda sus responsabilidades en materia de seguridad ciudadana.
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