La venezolana Claudia Díaz Guillén enfrenta tres cargos de asociación ilícita para lavar dinero y lavado de instrumentos monetarios. De ser encontrada culpable podría ser condenada hasta 20 años de prisión por cada cargo, y deportada a su natal Venezuela una vez que cumplan su tiempo en prisión.
Se ha declarado inocente y ha insistido en que Estados Unidos carece de jurisdicción para enjuiciarla, pero hasta ahora la corte federal de Fort Lauderdale le ha mantenido las acusaciones y le ha negado su pedido de libertad bajo fianza.
“El gobierno está buscando bloquear todo el acceso a la información”, expresó la venezolana en un documento de 14 páginas que su abogada Marissel Descalzo presentó ante el juez federal William P. Dimitrouleas. “La única explicación de por qué el gobierno se niega a actuar de una manera transparente es porque no tiene la evidencia que dice tener”.
Díaz se desempeñó como tesorera de Venezuela entre 2011 y 2013 pero alega que “en esas funciones actuó sin independencia basándose en las órdenes estrictas y específicas” de Chávez.
La defensa de Díaz ha pedido detalles al gobierno sobre el supuesto lavado de dinero o cómo ella y su esposo Adrián José Velásquez Figueroa _que también enfrenta los mismos cargos y está en España a la espera de ser extraditado— transfirieron, transportaron o transmitieron instrumentos monetarios. Ha insistido también en que fue el magnate venezolano de medios de comunicación Raúl Gorrín quien transfirió, transmitió o trasportó fondos desde cuentas de bancos suizos.
La fiscalía asegura que Gorrín, quien está prófugo de la Justicia estadounidense, pagó millones de dólares en sobornos a Díaz y al también extesorero venezolano Alejandro Andrade Cedeño, para conseguir transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas preferenciales.
En el documento, Díaz alega que lo que el gobierno se niega a ofrecerle, son documentos básicos necesarios para la preparación de cualquier juicio que generalmente la fiscalía proporciona de manera voluntaria o por una orden de la corte. Como consecuencia, explica, la exenfermera no puede prepararse ni entender los cargos que enfrenta, ni por qué está acusada de delitos graves en un país al que no ha viajado desde 2011.
El gobierno, por su parte, sostiene que la información que busca Díaz ya ha sido suministrada a través de evidencias que sustentan las acusaciones. Ha expresado también que Díaz violó leyes extranjeras y de Venezuela, pero la defensa alega que no ha ofrecido detalles e insiste en que las acusaciones deben ser desechadas.
En una respuesta de 14 páginas en las que niega el pedido de Díaz de ofrecer más información, la fiscalía asegura que documento que contiene los cargos y las evidencias ofrecidas hasta ahora “son suficientes para notificar a la acusada sobre las acusaciones y para permitirle prepararse para el juicio sin sorpresas”.
Entre los documentos que Díaz está pidiendo menciona aquellos que muestren el día, la hora y el lugar de los presuntos sobornos pagados por Gorrín a la extesorera para obtener tasas de cambio preferenciales; detalles específicos sobre las transacciones que ella autorizó a Gorrín; y la identificación de los beneficios específicos que Díaz y su esposo obtuvieron.
De acuerdo con la fiscalía, Díaz aceptó unos 65 millones de dólares de sobornos de Gorrín para autorizar lucrativas transacciones monetarias cuando ella dirigía la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela. Parte de ese dinero, unos ocho millones de dólares, habrían llegado al sur de Florida.
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