Chile necesitaba cambios profundos y la reforma de la Constitución que había dejado la dictadura del general Pinochet era imprescindible. Ese fue el consenso que alcanzó el país tras el estallido social de octubre de 2019. Después de seis meses de las protestas más importantes de la historia chilena, el llamado a la Convención que redactaría la nueva carta magna tuvo un 78% de votos a favor. Se sentaron a debatir representantes de los más diversos sectores, nadie faltó a la mesa y todo estuvo en el menú. En el medio, fue elegido con una amplia mayoría histórica el refrescante nuevo gobierno de Gabriel Boric que acompañaría el proceso. Hoy, a una semana del llamado “referéndum de salida”, la votación para aprobar o desaprobar la nueva Constitución que salió de todo ese proceso, el país vuelve a estar dividido y las encuestas marcan que ganaría el rechazo. Algo sucedió en este camino y aquí tampoco hay consenso sobre lo que ocurrió.
La esperanza de recuperar esa impronta de cambio pacífico que haga de este país próspero uno también inclusivo está en el hecho de que la mayoría de los sectores, de la izquierda a la derecha, representados en el actual parlamento parecerían tener la voluntad del que continúe el proceso de una reforma constitucional más allá del resultado del referéndum del 4 de septiembre. “Habrá que consensuar una fórmula con el Congreso Nacional, pero ya van quedando cada vez menos dudas de manera transversal de que esto tiene que ser una convocatoria a un nuevo proceso”, dijo esta semana el ministro de la Presidencia, Giorgio Jackson.
Ya rige la veda para dar a conocer el resultado de las encuestas, pero en promedio hay una diferencia de 10 puntos en favor del Rechazo. Aunque un último trabajo de la consultora del experto electoral de centroizquierda Pepe Auth achica ese margen y da un 53,6% al Rechazo y 46,4% al Apruebo. También marca que uno de los problemas para tener cifras más exactas –e incluso uno de los elementos citados por los que van a votar en contra- es que por primera vez este tipo de votación es obligatoria. Se proyecta que votarán unos 9,2 millones de chilenos. Una cifra más alta que en la segunda vuelta presidencial de diciembre, pero que también conlleva un “voto bronca” por la obligatoriedad de tener que ir a votar.
Uno de los temas más controversiales de la nueva constitución de 178 páginas, 388 artículos y 57 normas transitorias, es que el Estado chileno se define como plurinacional, reconoce los sistemas jurídicos indígenas, “coordinados en plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia” e incorpora el consentimiento previo de pueblos y naciones indígenas en materias o asuntos que afecten sus derechos. En realidad, se centra en un solo pueblo, el de los mapuches del sur del país que vienen protagonizando en los últimos años enfrentamientos armados en el sur del país. La zona de la Araucanía está militarizada a raíz de la violencia ejercida por grupos de descendientes de esta etnia. Algunos de estas acciones se trasladaron también a la Argentina y en ambos países el rechazo a esta actitud es mayoritario.
“Los distintos grupos por el rechazo creen que la plurinacionalidad divide al país y crea un grupo privilegiado. Ese discurso ha permeado bastante el debate nacional, en una sociedad donde históricamente los pueblos indígenas han sido invisibilizados, puestos fuera del debate público”, opina Pamela Figueroa, de la Universidad de Santiago y coordinadora del Observatorio Nueva Constitución. La politóloga Carmen Le Foulon del Centro de Estudios Públicos (CEP) sostiene que lo que divide a la población no es el tema indígena sino algunos aspectos específicos del escrito. “Lo que está dividiendo son los temas específicos de la implementación de la plurinacionalidad tal como la entendió la Convención… No hay una polarización en Chile entre pueblos indígenas y no indígenas, es sobre entregar privilegios y a quién”, dice.
A pesar de que el texto de la constitución se convirtió en un best seller accidental y que se vende y regala tanto en ediciones oficiales en las librerías como en puestos callejeros, la gran mayoría de los chilenos tiene más una percepción de lo ocurrido en el proceso que del fondo del texto. El rechazo está más bien basado en situaciones insólitas que ocurrieron como la de un convencional que votó mientras se estaba dando una ducha, el activista por los derechos de salud que tuvo que renunciar por haber mentido sobre su diagnóstico de cáncer o los que se negaban a usar mascarillas a pesar de la pandemia como acto de rebeldía durante las sesiones.
También se percibe como un referéndum con respecto a los seis meses del gobierno de Gabriel Boric que es visto como el principal apoyo a la aprobación de la Constitución. En noviembre de 2019, cuando todavía era diputado, Boric fue uno de los 11 firmantes del “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución” que, de madrugada y en medio de una ola de manifestaciones sociales, abrió paso a la redacción de la nueva carta magna. “Desde antes de asumir, el gobierno ató el resultado de su gestión al plebiscito: fue un error constitucionalizar su gestión en estos meses, porque aparece un efecto de asociación. La gente vincula al gobierno con el resultado del plebiscito”, explica Marco Moreno Pérez, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. “Aparece lo que técnicamente llamamos ‘voto relacional’: yo evalúo al gobierno en función del contexto de lo que pasa a mi alrededor. Y el 4 de septiembre, mucha gente va a ir a evaluar al gobierno”.
El texto de la nueva constitución tiene al mismo tiempo avances muy significativos en materia de cuidado del medio ambiente y esto entusiasma a grandes capas de la población. La palabra “naturaleza” aparece 36 veces en el texto. Propone una democracia representativa, con una mirada paritaria, la garantía de derechos sociales y con un fuerte enfoque ambiental, pionero en la región. De ser aprobada, sería la primera Constitución en el mundo que reconozca la crisis climática y señale al gobierno como responsable de las medidas de mitigación. Lo especifica desde el primer artículo y en el 128 es aún más explícito: “Es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, las vulnerabilidades y los efectos provocados por la crisis climática y ecológica”.
El escritor Ariel Dorfman recuerda en un artículo de opinión publicado en varios diarios que el día en que se realiza el referendum, el 4 de septiembre, es el 52 aniversario de la asunción del presidente Salvador Allende, el primer socialista que llegó al poder en forma constitucional en la historia del mundo, y que este texto de la nueva Constitución por el que se vota es parte de un largo proceso que comenzó en ese entonces. “Establece un Estado social y democrático, enfatizando la solidaridad, la participación, la libertad y la descentralización, atreviéndose a imaginar un país con paridad masculina/femenina, donde el sistema de justicia sirve a todos y no solamente a los ricos. Consagra el derecho al aborto, a la salud, al agua, a la vivienda, a la educación y a fondos de pensión dignos, y la necesidad de ejercer soberanía sobre los recursos minerales. Y, reiteradamente, pone énfasis en la defensa de niños y animales y ancianos, e incluso de los glaciares y los ríos. Se trata de una visión progresista, responsable, hasta diríase tierna, de cómo avanzar hacia una sociedad que pueda enfrentar los desafíos de nuestros tiempos turbulentos”.
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