Acompañado de su abogada, Sonia Torres, Herrera respondió «no culpable» al ser preguntado por los cargos de conspiración, soborno a programa federal y fraude electrónico durante la vista inicial de su caso en el Tribunal Federal de Hato Rey (San Juan).
La jueza Giselle López Soler fijó una fianza a Herrera de 1 millón de dólares, pagaderos en 10 días, pese a que la Fiscalía había pedido 2,5 millones.
La rebaja se logró después de que la abogada reseñara que ese monto era «un poco excesivo» si se tenía en cuenta que a la exgobernadora Vázquez y a otro de los acusados se les impuso una fianza de 500.000 dólares.
La magistrada estableció asimismo que Herrera, dueño de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, deberá residir en Nueva York y tendrá restricciones en sus viajes al extranjero.
Según la acusación formal, Herrera supuestamente pagó más de 300.000 dólares a asesores políticos en apoyo a la campaña electoral de Vázquez de 2020.
Esto a cambio de que la entonces gobernadora despidiera al comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico, que investigaba su banco.
Herrera y Vázquez podrían ser condenados a un máximo de 20 años de prisión de ser declarados culpables de todos los cargos que se les imputan.
En este caso de corrupción pública, también está acusado el exagente del FBI Mark Rossini, quien se entregó el 9 de agosto a las autoridades federales y se declaró no culpable de los cargos en su contra.
Vázquez, quien fue gobernadora de la isla entre 2019 y 2021 y secretaria de Justicia entre 2017 y 2019, también se ha declarado no culpable de los cargos que se le imputan.
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