El candidato libertario a gobernador de Florida, Héctor Roos, urgió este sábado al Supremo de Florida que analice si el gobernador del estado, Ron DeSantis, se extralimitó en sus poderes enviando migrantes venezolanos de Texas a Massachusetts como forma de protesta a las políticas migratorias del presidente de EE.UU., Joe Biden.
«La Corte Suprema de Florida tiene el deber de opinar sobre esta cuestión de importancia pública», manifestó Roos en un comunicado.
El candidato criticó el envío aéreo del miércoles pasado de medio centenar de inmigrantes, en su mayoría venezolanos, a la lujosa isla de Martha’s Vineyard, en Massachusetts.
Roos se refirió al «desperdicio» de recursos de los contribuyentes de Florida y al que considera un «abuso de poder» del republicano DeSantis, que puso en marcha el miércoles un programa aprobado por el Legislativo «para facilitar el transporte de extranjeros no autorizados de este estado».
El candidato señaló que se trata de un programa «no autorizado de transportar inmigrantes de un estado extranjero a otro» y anunció que el lunes presentará un recurso legal al Supremo de Florida para que se pronuncia al respecto antes de las elecciones de noviembre, en las que DeSantis buscará la reelección.
El jueves, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, solicitó al Departamento de Justicia estadounidense investigar el envío de migrantes por parte de DeSantis y también impulsado inicialmente por el también gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, que ha hecho lo mismo en autobuses a varias ciudades de gobiernos demócratas.
Abbott, que envió esta semana migrantes a la residencia oficial de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington, señalño que continuará haciéndolo hasta que «Biden y Harris hagan su trabajo para asegurar la frontera».
Por su parte, el demócrata Newsom dijo estar «horrorizado por las imágenes de migrantes que son enviados en autobuses y aviones por todo el país para ser utilizados como estrategia política».
Hizo un llamado al Departamento de Justicia para que investigue si con los envíos los gobernadores violan la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen (Ley RICO), o incluso puedan enfrentar cargos de secuestro.
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