Viajé a México en búsqueda de una vía de comunicación directa que se me había ofrecido con la Dra. Flores Liera para pedirle que agilice el expediente que desde el pasado mes de abril de este año tiene en sus manos como juez de la Corte Penal Internacional en su Sala de Cuestiones Preliminares 1 respecto al proceso que se sigue por las denuncias que por crímenes lesa humanidad se le imputan a Nicolás Maduro, a su tren ejecutivo y en general a su cadena de mando.
La mencionada Sala está integrada por tres jueces. Además de la Dra. Flores Liera, allí están los magistrados Peter Kovács, de Hungría y Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou, de Benín, África. A la doctora Flores Liera le asignaron la ponencia por tratarse de un caso latinoamericano. La decisión a tomar se refiere a la petición del gobierno de Nicolás Maduro de que se impida al Fiscal Karim Khan asumir directamente la investigación de los hechos de las denuncias, lo cual ha sido rechazado por éste quien por el contrario espera que se le autorice directamente a él a realizarlas. La razón que esgrime el Fiscal es que en Venezuela no hay un sistema judicial independiente capaz de investigar ni juzgar de manera imparcial esos crímenes.
Comencé a escribir este artículo en el aeropuerto estando de regreso a casa, llevo un sentimiento de satisfacción como deber moral cumplido pero también de frustración por no haber podido obtener el canal de comunicación personal que busqué con la magistrada. Unos amigos de alto nivel judicial y político de México me habían ofrecido contactarme con la señora previo escucharme ellos el propósito, el historial de mi planteamiento, que era lo que yo pretendía comunicarle. Eso fue lo que me animó a realizar este viaje. Tenía una cita con ellos para el pasado 22 de este mes de septiembre a las 11am en la sede de la Corte Suprema de Justicia y allí estuve una hora antes, pero la reunión me fue suspendida porque el edificio y alrrededores estaba rodeado de personas protestando por el caso Ayotzinapa. Había estrictas medidas de seguridad para acceder al palacio, más sin embargo fui amablemente atendido por un oficial de seguridad quien me facilitó grabar a sus puertas el corto mensaje que he publicado. Lo que si me han asegurado mis amigos es que el mensaje le llegó a su destinataria. Ya ella sabe que tenemos una luz roja prendida al respecto.
Mencioné el caso Ayotzinapa…de que se trata.
Es un caso emblemático que hace tiempo, sin pausa, mantiene crispación en la opinión pública mexicana. Hace 8 años, un numeroso grupo de jóvenes que estaban conmemorando y pidiendo esclarecimiento y castigo para un crimen contra estudiantes que había ocurrido años antes, fueron bestialmente atacados por fuerzas policiales y militares que allí dejaron heridos, muertos y 43 desaparecidos de quienes hasta ahora no se había sabido nada a pesar de los persistentes reclamos de familiares y de la sociedad en general.
El gobierno que entonces presidía Enrique Peña Nieto nunca facilitó una investigación real sobre los hechos por lo que surgió una consigna: “La verdad de Ayotzinapa”, que ahora bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es cuando está dando resultados. Aquello fue un inenarrable horror en el que se ha revelado que los 43 jóvenes desaparecidos fueron asesinados, torturados con gran crueldad y sus cadáveres incinerados. Los estudiantes fueron trasladados al basurero municipal de Cocula hacinados y atados en dos camionetas. Cuando llegaron al sitio, 15 de los jóvenes ya habían muerto por asfixia, mientras que a los sobrevivientes se les hizo un breve interrogatorio antes de recibir un disparo en la nuca. Después, habrían tirado los 43 cuerpos a la parte baja del basurero para prenderles fuego durante horas. Al terminar, los criminales recogieron las cenizas, trituraron los huesos restantes, los metieron en bolsas de plástico y los arrojaron al río San Juan.
Hasta ahora se han producido 89 órdenes de aprehensión, tanto por la desaparición de los estudiantes como por la manipulación de la investigación. De estas órdenes 49 se han ejecutado y quedan 40 pendientes, entre ellas la de quien fuera el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Tambien 21 personas relacionadas con los hechos han sido asesinadas como asegurando su silencio.
De las órdenes que faltan por cumplirse 30 corresponden a personas que estuvieron vinculadas con la desaparición, y 10 con funcionarios que cometieron irregularidades para sostener la “verdad histórica” como se le denominó a la falsa versión que de los hechos divulgó del gobierno de Peña Nieto, el anterior presidente.
EL PRESIDENTE LOPEZ OBRADOR es quien ha hecho posible esta exitosa arremetida contra la impunidad de este horrendo crimen, esto hay que reconocerlo, y esa condición le obliga a él y a todas las personas que de una u otra manera comparten su gestión de gobierno a hacer lo mismo con el caso venezolano lleno de horrores que le fueron denunciados a la Corte Penal Internacional y que todavía se mantiene no solo sin resultados, sino aún peor, sin inicio de una investigación formal. Todo un gran abuso de complicidad con el encubrimiento.
La comparación entre el caso Ayotzinapa y el caso Venezuela
Desde el año 2014 y en total impunidad se vienen ejecutando en Venezuela horrendos crímenes que sobrepasan los 18 mil asesinatos, muchos de ellos ejecutados por la fuerza pública reprimiendo protestas contra el gobierno. Esto además de innumerables detenciones arbitrarias por razones políticas en muchas de las cuales se han practicado con violencia sexual que incluso se ejecutan introduciendo palos de escoba por el ano a hombres y a mujeres. Todo un horror diabólico que sin duda sobrepasa el caso Ayotzinapa por lo que no es admisible que una juez, sobre todo una de nacionalidad mexicana, una que está allí en ese cargo por obra y gracia de la postulación que de ella hizo el presidente López Obrador que tanto empeño ha puesto y sigue poniendo en el aludido crimen contra los estudiantes del emblemático caso, se comporte con insensibilidad en estos horrendos crímenes cometidos por la tiranía criminal que sojuzga a nuestra patria y que son de una magnitud tal que -como jamás había ocurrido- fueron denunciados por seis presidentes, por setenta parlamentarios de Colombia y otros setenta de Chile, así como también por un panel de expertos formado por la Organización de Estados Americanos, así como por venezolanos defensores de derechos humanos, todo lo cual obligó a la CPI a abrir la investigación que ahora permanece congelada.
Todo ese horror ha sido constatado por la propia ONU a través de su Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos que constató, detalló e informó públicamente caso por caso, así como las funciones de varias personas en diferentes niveles de las cadenas de mando del gobierno de Nicolás Maduro ejecutoras de las violaciones a los derechos humanos.
Ante tal avalancha y fortaleza de evidencias la CPI, a través de su fiscalía, abrió una investigación que está tratando de ser boicoteada por los denunciados. Está en manos de la juez Flores Liera no permitir tal propósito y autorizar la prosecución de la investigación, esa es la encrucijada en la estamos ahora. Actualmente hay cerca de 400 presos políticos que son torturados en las mazmorras del régimen clamando por su decisión. Cientos de familias de asesinados están en lo mismo. Casi 7 millones de ciudadanos huyendo despavoridamente del país. Centenares sufriendo un exilio inclemente y otros que mueren en esos tenebrosos caminos de las selvas del Darién.
A la magistrada Flores Liera le recuerdo que Ayotzinapa le obliga, y es lo que quería decirle personalmente en un encuentro que no me fue posible realizar en esta reciente visite que hice a su querido país.
Escritor Invitado
Abogado Venezolano litigante con 40+ años de experiencia.
Especialista en Derecho Procesal, Penal, Civil y Constitucional.
Estudios en Cortes Internacionales .
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