Cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo de la Diócesis de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, serán juzgados por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense, informó este martes el Poder Judicial.
La titular del juzgado Quinto Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, Nalia Nadezha Úbeda Obando, a cargo del caso, convocó a las partes a la celebración de la audiencia inicial para el próximo viernes a partir de las 10.00 hora local (16.00 GMT), de acuerdo con la causa divulgada en el sistema de internet del Poder Judicial.
La judicial sentará en el banquillo de los acusados a los sacerdotes Ramiro Reynaldo Tijerino Chávez, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; a José Luis Díaz Cruz y Sadiel Antonio Eugarrios Cano, primer y segundo vicario de la catedral Matagalpa de San Pedro, respectivamente; y a Raúl Antonio Vega González.
También a los seminaristas Darvin Esteylin Leiva Mendoza y Melkin Antonio Centeno Sequeira; y al camarógrafo Sergio José Cárdenas Flores.
La acusación contra los religiosos fue presentada por el fiscal auxiliar Manuel de Jesús Rugama Peña el pasado 21 de septiembre y hasta ahora se conocen los detalles.
Ese grupo de religiosos y laicos, junto al obispo Rolando Álvarez, fueron sustraídos la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales del palacio episcopal de la diócesis de Matagalpa, después de haber estado 15 días confinados, y desde entonces se encuentran encarcelados.
OBISPO ROLANDO ÁLVAREZ NO FUE ACUSADO
Álvarez, de 55 años y obispo de la diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, y quien se encuentra desde entonces bajo «resguardo domiciliar» en Managua, según la Policía Nacional, no ha sido formalmente acusado.
La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Daniel Ortega, acusa al jerarca y a sus colaboradores de intentar «organizar grupos violentos», supuestamente «con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales».
Según el acta de la acusación, los religiosos utilizaron redes sociales, radio difusoras, y el púlpito en las iglesias, entre el 4 y 6 de agosto pasados, para cometer los presuntos delitos, sin precisar.
La jueza, que aceptó el libelo acusatorio, informó que la Policía Nacional continúa realizando actos de investigación «encaminados a descubrir todas las actividades ilícitas, así como todos los posibles miembros de una organización delictiva conexa» y que están «aun a la espera de la conclusión de actos de investigación, tales como informe de redes sociales».
ORTEGA TILDA DE «TIRANÍA» A LA IGLESIA
La semana pasada, el presidente Ortega arremetió contra la Iglesia católica que dirige el papa Francisco, la acusó de no practicar la democracia, de ser una «dictadura» y una «tiranía perfecta» y de haber utilizado «a sus obispos en Nicaragua para dar un golpe de Estado» a su Gobierno en el marco de las manifestaciones que estallaron en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social.
El arresto de Álvarez y otros siete sacerdotes, incluido los cuatro acusados, es el capítulo más reciente de un último año especialmente convulso para la Iglesia católica de Nicaragua con el Gobierno de Ortega, quien ha tildado de «golpistas» y «terroristas» a los jerarcas.
Este año, el Gobierno sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.
El Ejecutivo también cerró nueve estaciones de radio católicas y sacó de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos.
La Policía además ingresó por la fuerza y allanado una parroquia, impidiendo a los feligreses recibir la eucaristía dentro del templo y sitiando a otros sacerdotes en sus iglesias, prohibido procesiones con imágenes de los santos, entre otros.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años.
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