La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresaron este viernes su «satisfacción» por el anuncio de Estados Unidos y México de «una nueva vía de admisión para que personas venezolanas desplazadas puedan ingresar» al territorio estadounidense.
En un comunicado conjunto difundido en Panamá, las agencias expresaron que «reconociendo el aumento de los movimientos mixtos, los riesgos para las personas afectadas y las presiones sobre los países de la región, se sienten alentadas por el lanzamiento de una nueva vía segura y regular para la entrada a los Estados Unidos y esperan obtener más detalles sobre su implementación».
Estas vías, agregaron, «pueden ser esenciales para ofrecer alternativas a movimientos irregulares y peligrosos y una forma eficaz de promover un reparto equitativo de las responsabilidades».
Estados Unidos anunció el miércoles un programa que da estatus legal por dos años a los venezolanos que lleguen en avión y dispongan de un patrocinador.
Se aceptarán en un principio a 24.000 venezolanos bajo este programa, del que están excluidos los deportados de EEUU en los últimos cinco años, los que hayan entrado a Panamá o México de manera irregular o los que tengan una residencia permanente o nacionalidad de otro país que no sea Venezuela.
Cerca del 70 % de los 151.582 migrantes irregulares que entre enero y septiembre pasado llegaron a Panamá tras cruzar el Tapón de Darién, la selva que sirve de frontera natural con Colombia, son venezolanos. Todos se dirigen a Estados Unidos.
Venezuela está sumida en una larga crisis que ha provocado la huida en los últimos años de 7,1 millones de personas del país, según datos de la ONU.
Título 42 pone en riesgo la vida de los migrantes en la frontera
Estados Unidos también anunció el miércoles que devolverá a México a la mayoría de venezolanos que sean interceptados después de atravesar la frontera sur mediante el Título 42, una normativa de salud pública impuesta al inicio de la pandemia y heredada de la Administración del expresidente Donald Trump (2017-2021).
La primera deportación de migrantes venezolanos, por parte del Gobierno de Estados Unidos, sorprendió este jueves a cientos de compatriotas y migrantes de otras nacionalidades que se encuentran varados en la ciudad mexicana de Tapachula, estado de Chiapas, fronteras sur de México y que buscan llegar a la Unión Americana.
La OIM, Acnur y Unicef expresaron que «siguen profundamente preocupadas por las continuas restricciones de acceso al asilo que sufren personas de muchas nacionalidades diferentes en la frontera entre México y Estados Unidos debido al Título 42», y reiteraron el llamamiento «para que se ponga fin urgentemente a las mismas».
«Cada día que se mantienen estas políticas, se ponen en riesgo a más personas, familias, niñas y niños desesperados (…) muchas personas sujetas a estas medidas (…) han sido enviadas a comunidades fronterizas con importantes desafíos de seguridad, redes de apoyo limitadas y capacidades de alojamiento inadecuadas, lo que hace que su retorno a México sea peligroso e insostenible».
Las agencias aseguraron que «es posible lograr sistemas de recepción y procesamiento justos y eficaces en las fronteras nacionales, incluida la frontera entre Estados Unidos y México».
«Nos comprometemos a trabajar con los Estados de todo el hemisferio para reforzar las capacidades de recepción y procesamiento, apoyar la migración regular y ampliar las vías seguras para las personas solicitantes de asilo y migrantes, en consonancia con las normas internacionales y los objetivos de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección», agregaron.
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