Al término de una visita humanitaria al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Defensor del Pueblo en Colombia, Carlos Camargo, dijo «Desde San Andrés revisamos la situación de vulneraciones a los derechos humanos que viven los migrantes, en su mayoría venezolanos, quienes han venido utilizando el archipiélago como nueva ruta para ir hacia Centroamérica y Estados Unidos”.
Es que ante el aumento de migrantes que en las últimas semanas han venido desbordando la ruta por el Tapón del Darién, la Defensoría del Pueblo ha venido haciendo seguimiento a las otras opciones que han tomado ciudadanos, particularmente por la isla de San Andrés.
“Hemos alertado a las autoridades locales sobre el riesgo para los migrantes de ser víctimas de trata de personas o explotación sexual comercial por parte de organizaciones criminales, ante lo cual hemos solicitado garantizar una migración ordenada, legal, segura y en condiciones de dignidad humana”, aseguró Carlos Camargo.
En este sentido, el Defensor de Pueblo ha manifestado su preocupación por el alto flujo de niños, niñas y adolescentes migrantes en la isla. En las interceptaciones de las embarcaciones que transportan a los migrantes, se encuentran menores de edad a los cuales se les debe brindar una medida de protección mientras que surta el proceso legal de sus padres.
También manifestó su preocupación ante casos como el naufragio de una embarcación con migrantes desaparecidos hace más de 6 días, dentro de las cuales hay 2 san andresanos y 13 venezolanos.
Esta práctica se ha incrementado desde el mes de agosto a la fecha obteniendo la detención de 374 migrantes, llevan los inmigrantes hasta el Cayo de Albuquerque o cayos del Sur Oeste que se encuentran ubicadas a unos 37 kilómetros al suroeste de San Andrés (a 40 minutos aproximadamente), y unos 190 kilómetros al este de Nicaragua (a 3 horas de navegación desde Colombia.
La Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de que se haga un control estricto a las embarcaciones inseguras. Esto pone en riesgo las vidas de los migrantes que son transportados de forma ilegal por vía marítima hacia rutas en Centro América, evitando el paso por la Selva del Darién, aumentando la posibilidad de configurarse casos de trata de personas.
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