Estados Unidos prohibió la entrada de 500 personas vinculadas al Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua por «socavar las instituciones democráticas» del país centroamericano, anunció este lunes el secretario de Estado, Antony Blinken.
Entre los sancionados hay miembros de las fuerzas de seguridad nicaragüenses -incluida la Policía Nacional-, funcionarios de prisiones, jueces, fiscales, trabajadores de la educación y otras personas que participan en la «represión y corrupción del régimen», así como sus familiares, afirmó el titular de Exteriores sin detallar sus identidades.
«Ningún miembro del Gobierno de Nicaragua ni nadie que facilite los abusos del régimen debe pensar que puede viajar libremente a Estados Unidos», añadió Blinken en un comunicado.
El bloqueo de visados para estas 500 personas se basa en una orden presidencial que «suspende la entrada a Estados Unidos a miembros del Gobierno de Nicaragua y a otras personas que se beneficien del debilitamiento de las instituciones democráticas» de Nicaragua.
Este anuncio llega después de que el Departamento del Tesoro anunciara este mismo lunes el bloqueo de los activos y transacciones en Estados Unidos de la Dirección General de Minas del Gobierno de Nicaragua y a Lenín Cerna, asesor del presidente Ortega.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó además hoy una nueva orden ejecutiva que permite a su Gobierno expandir las sanciones contra el Gobierno de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Blinken afirmó que se tomaron estas medidas porque «el régimen ha acelerado este año las acciones para dejar sin espacio a la sociedad civil, incrementar la cooperación en seguridad con Rusia y silenciar a las voces independientes».
«Estados Unidos, junto con sus aliados, cree que es esencial el regreso a la democracia y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua», dijo el secretario de Estado.
Por ello, EE.UU. usará «las herramientas diplomáticas y económicas esenciales para promover la rendición de cuentas del régimen de Ortega y Murillo» y lograr «la liberación inmediata» de los presos políticos, añadió.
La Dirección General de Minas, adscrita al Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua, ha sido utilizada por el Gobierno de Ortega para gestionar el sector minero burlando las sanciones que Washington impuso en junio pasado a la compañía estatal Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).
El Tesoro estadounidense acusa a las autoridades nicaragüenses de utilizar las ganancias de la producción y venta de oro para «oprimir al pueblo nicaragüense» e incluso «apoyar la invasión de Ucrania lanzada por Rusia».
Por su parte, Cerna es considerado «un confidente cercano» de Ortega, involucrado en numerosos casos de asesinatos y de torturas cuando fue jefe de Seguridad del Estado en la década de 1980, aseguró el Tesoro.
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