Juana Francisca Rugama es candidata a concejal en el municipio de San Dionisio, al norte de Nicaragua. Participa en las elecciones municipales que se celebran este domingo en el país centroamericano. El problema es que Juana Francisca en realidad nunca se inscribió como aspirante a la concejalía por el Partido Liberal Independiente (PLI), una de las agrupaciones comparsas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para simular competencia en un proceso marcado por la represión.
Es solo una muestra de lo que ocurrirá. Estos comicios municipales no sólo suponen que el Frente Sandinista vaya a consolidar el control total en casi el 95% de los 153 municipios del país, sino que reafirman la decadencia del sistema electoral, que ha permitido a la pareja presidencial perpetuarse en el poder.
Juana Francisca Rugama nunca se presentaría a una candidatura por una razón fundamental: no avalaría “una farsa electoral” después que su hijo, el líder estudiantil Levis Josué Artola Rugama, fue preso político y ahora vive exiliado en Canadá. “Desmentimos esa candidatura. Exigimos respeto para nuestra familia y denunciamos al Consejo Supremo Electoral, al PLI y a José Asencio Flores por la usurpación de la identidad de mi madre”, denunció el joven.
Además de esta práctica irregular, el clima electoral es inexistente en Nicaragua. Estas elecciones son las más “intrascendentes de la historia” desde que existe el municipalismo, coinciden expertos electorales. Primero porque ocurren en un momento de máxima represión y consolidación de un esquema de partido único. El antecedente de estos comicios locales fueron las generales de 2021, cuando Ortega y Murillo arrestaron a todos los precandidatos presidenciales, disolvieron a los partidos opositores y se declararon ganadores. Segundo, en julio pasado, el régimen dio un golpe a las cinco alcaldías gobernadas por la oposición: allanó policialmente las administraciones de estos bastiones históricos anti sandinistas y depuso a los alcaldes.
Ese movimiento terminó de aniquilar las escasas expectativas de una elección con competencia y remarcó la indiferencia ciudadana al proceso. La última encuesta de la firma CID Gallup, realizada entre el 26 de septiembre y el 10 de octubre, revela que el 52% de los encuestados dijo que no votaría en las elecciones municipales. Algo acorde al porcentaje de participación en los comicios generales de 2021, cuando la abstención fue de 81.5%.
“Definitivamente será uno de los procesos con menor participación ciudadana. Existe total desconfianza ante el proceso promovido por una autoridad electoral cooptada por el oficialismo. También por la falta de competencia, la ausencia de condiciones democráticas que permitan realizar un proceso verdaderamente libre. Por tanto, es posible que veamos cifras similares a lo que pasó el año pasado”, dijo a EL PAÍS Olga Valle, directora de Urnas abiertas.
Nadie se entera de las elecciones
En las calles de los diferentes municipios existe poca propaganda de los partidos políticos y los candidatos a alcaldes por los partidos colaboracionistas apenas se conocen. Los cierres de campaña por parte del Frente Sandinista se realizaron sin convocatorias multitudinarias, y se limitaron a caravanas de vehículos. “Hay gente que ni sabe que hay elecciones”, dice un ciudadano de Pantasma, un municipio de Jinotega y cuyo alcalde, Óscar Gadea, fue depuesto con fuerza policial.
El Gobierno intenta maquillar la apatía al proceso con recursos públicos. Trabajadores del Estado recorren desde hace semanas las calles de distintos municipios para verificar con listas a los militantes del partido sandinista. En barrios de Managua, Masaya y León, los trabajadores estatales hicieron estas verificaciones en las últimas semanas, como parte de una estrategia para controlar el “voto duro” sandinista, aunque ningún partido político participante represente competencia en las votaciones.
Un trabajador del Ministerio de Salud (Minsa) dijo que la orden de verificar a los militantes sandinistas la ejecutaban los fines de semana, incluso, hasta las 10 de la noche. “A la presión que tenemos en el trabajo, porque hay menos trabajadores, se suma esto de buscar y enamorar a los sandinistas para que vayan a votar en las elecciones”, afirmó este trabajador de un centro de salud del Distrito V de Managua al medio Divergentes.
La Asamblea Nacional, dominada por la pareja presidencial, aprobó recientemente una ley que permite a los nicaragüenses acudir a las urnas con una cédula vencida. Para algunos expertos, esa nueva disposición busca disimular el abstencionismo que marcaría la jornada y motivar a que simpatizantes con varias cédulas de identidad caducadas acudan a votar.
El Poder Electoral dijo en la víspera que “Nicaragua está lista para la fiesta cívica”. Sin embargo, en los últimos dos meses el interés de los ciudadanos está en las oficinas de Migración y Extranjería solicitando pasaporte para irse de Nicaragua. Se trata de imágenes dramáticas de personas acampando desde la madrugada para obtener un cupo de tramitación del documento, y que terminan en estampidas cuando la dependencia abre sus puertas.
Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Nicaragua, solo en septiembre de 2022, esa institución entregó 23.614 pasaportes a escala nacional, lo que supone el mes con mayor demanda de este servicio en lo que va del año. El aumento en las solicitudes de este documento de viaje inició entre mayo y junio de 2021, cuando el régimen desató una cacería contra opositores. Por ejemplo, en los primeros meses de ese año, las entregas de pasaportes oscilan entre 1,000 y 2 mil por mes. Con el recrudecimiento de la represión, los servicios alcanzaron los 15.000 y, desde entonces, el comportamiento se mantiene por encima de esa cifra.
De acuerdo con los resultados del Barómetro de las Américas, un estudio comparativo entre los países de la región, presentado en agosto pasado por Lapop, un laboratorio de investigación con sede en la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos, más de la mitad de los nicaragüenses tiene intenciones de migrar. Entre las razones por las que piensan migrar, la primera, según el 53% de los consultados, es la falta de oportunidades económicas. La segunda, (para el 21%) es la falta de oportunidades educativas.
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