El canciller alemán, Olaf Scholz, pidió hoy nuevas sanciones a escala de la Unión Europea (UE) contra Irán en respuesta tanto a la represión de las manifestaciones pacíficas como al suministro de drones a Rusia para atacar objetivos civiles en Ucrania.
«Lo vemos en las calles, en las aulas y en los tribunales de Teherán y otras ciudades iraníes. Vemos la lucha por la libertad y la justicia», afirmó Scholz, en su mensaje semanal a sus conciudadanos, en relación a la represión brutal del régimen contra estos movimientos de protesta a raiz de la muerte tras ser detenida por la policía de la joven Masha Amini por llevar mal puesto el velo islámico..
«Vemos también los drones iraníes atacando ciudades ucranianas. Es absolutamente inaceptable. Exigimos el fin inmediato de la violencia y la liberación de presos políticos y periodistas», prosigue el canciller.
Ante esa situación, la UE debe «aumentar la presión sobre la Guardia Revolucionaria y la dirección política» iraní, lo que según Scholz implica la adopción de nuevas sanciones contra Teherán.
El canciller alemán alude ahí a la próxima reunión, a escala de ministros de Asuntos Exteriores del bloque comunitario y apremia asimismo a que se aborde la cuestión en una sesión extraordinaria del consejo de Derechos Humanos de la ONU..
La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, lanzó ya ayer una advertencia a Irán y recordó que el respeto a los Derechos Humanos no es una «cuestión nacional» y rechazó las acusaciones de injerencia en cuestiones internas lanzadas por Teherán.
«El respeto a los DDHH forma parte de los fundamentos universales y atañen al conjunto de la comunidad internacional», afirmó Baerbock, después de que Teherán criticara el apoyo alemán a un nuevo paquete de sanciones y amenaza con «consecuencias» a Berlín.
Baerbock había avanzado hace unos días, a través de su cuenta en twitter, que los ministros de la UE trabajan «intensamente» en esas nuevas sanciones contra Irán.
Según el semanario «Der Spiegel», Alemania y otros socios comunitarios proponen una extensión de las sanciones a 31 altos funcionarios, responsables e instituciones responsables del aparato de seguridad iraní.
Seguirán a las dictadas en octubre por la UE contra casi un centenar de personas y diversas organizaciones iraníes, a las que se responsabiliza de vulneraciones a los DDHH en ese país.
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