El presidente estadounidense, Joe Biden, firma este lunes un memorando que intensifica la rendición de cuentas en los casos de violencia sexual en zonas de conflicto e insta a que esas agresiones justifiquen la emisión de sanciones contra sus autores.
Su orden promueve que se utilicen sanciones y otro tipo de restricciones y herramientas para impulsar esa rendición de cuentas y que se dé a la violencia sexual en zonas de conflicto la misma consideración que a otros abusos de los derechos humanos a la hora de emitirlas.
Una fuente oficial de la Administración estadounidense indicó en una conferencia de prensa telefónica que es la primera vez que se insta al Departamento de Estado, al del Tesoro y a otras agencias federales a que contemplen esos actos de violencia sexual como motivo merecedor de sanciones.
Aunque los distintos organismos pueden sancionar actualmente a responsables de graves abusos de los derechos humanos, esas disposiciones se usan muy poco y ese vacío se considera «particularmente preocupante» en un momento en que las agresiones sexuales contra mujeres y niñas en zonas de conflicto «proliferan a nivel global».
«No hay nada más que ver lo que está pasando en Ucrania para ver lo importante que puede ser este memorando presidencial», se sostuvo desde la Administración estadounidense.
Sus datos recuerdan que por cada denuncia de violación en una zona en conflicto Naciones Unidas calcula que hay entre 10 y 20 casos que no se registran.
El memorando deja claro que Estados Unidos no acepta que esas agresiones sean un «coste inevitable» de un conflicto armado y subraya que para evitarlo quiere ayudar a las víctimas «a través de todas las medidas disponibles, ya sean legales, diplomáticas o financieras».
Su decisión se dio a conocer con motivo de la celebración en Londres este lunes y martes de la conferencia internacional para prevenir la violencia sexual en zonas de conflicto y en un momento en que, según Washington, esta persiste con impunidad en distintas partes del mundo.
Estados Unidos se muestra igualmente dispuesto a construir una coalición de naciones y organizaciones que compartan los mismos principios «como parte de una respuesta holística que incluye fomentar la salud, el bienestar y la curación de los supervivientes, ampliar el acceso a la justicia y mejorar la prestación de apoyo psicosocial y otros servicios vitales».
La Administración de Biden recordó que en la 77 sesión de la Asamblea General de la ONU, en septiembre, el país sumó 400.000 dólares a su contribución anual de 1,75 millones a la Oficina de la Representante Especial del secretario general sobre la Violencia Sexual en los Conflictos.
La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento estadounidense de Estado ha movilizado ya más de 4,5 millones en proyectos para apoyar los esfuerzos de la sociedad civil a la hora de investigar y documentar esos casos de violencia y en los próximos dos años invertirá otros 5,5 millones aproximadamente.
En 2023 invertirá además seis millones en fondos adicionales para la iniciativa Voces contra la Violencia, dedicada a garantizar que las víctimas de la violencia de genero, incluidas aquellas que la han sufrido en conflictos, tienen acceso a la justicia y a protección.
EFE
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