El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó este martes el decreto que convoca al referéndum impulsado por el Gobierno para consultar a la población la eventual modificación de la Constitución en materia de seguridad ciudadana, instituciones del Estado y medioambiente.
La fecha del referéndum deberá ser fijada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque la expectativa del Ejecutivo es que la consulta pueda coincidir con las elecciones municipales y provinciales programadas para el domingo 5 de febrero.
«Los ecuatorianos podrán decidir sobre ocho preguntas que traerán más seguridad, mejor representación y permitirán el cuidado del medioambiente», aseveró el presidente ecuatoriano en redes sociales.
La convocatoria fue suscrita por Lasso con las ocho preguntas cuya formulación fue validada previamente por la Corte Constitucional, mas no con las tres últimas que presentó el Gobierno y que el máximo tribunal de garantías denegó en una resolución emitida horas antes.
Las tres preguntas que no formarán parte del referéndum hacían referencia a regular el destino de los bienes decomisados al crimen organizado, establecer una pena de entre 7 y 10 años de prisión por extorsión en el contexto de la delincuencia organizada y deducir impuestos a empresas que contraten a personas de más de 45 años.
La Corte Constitucional exhortó al Gobierno a que esas preguntas, que no implican una reforma de la Constitución, las plantee a la Asamblea Nacional (Parlamento) a través de proyectos de ley, y a la vez instó a la Asamblea, de mayoría opositora, a «sintonizar con las necesidades urgentes del país y la realidad que vive Ecuador».
Las preguntas que sí estarán presentes en el referéndum buscan, en materia de seguridad, permitir la extradición de ecuatorianos solicitados por otros países por delitos relacionados con el crimen organizado transnacional.
En instituciones del Estado, el Gobierno propone crear un Consejo Fiscal que evalúe, seleccione y sanciones a los fiscales, reducir el número de asambleístas y establecer un número mínimo de afiliados en las organizaciones políticas para que puedan estar registradas y participar en elecciones.
Asimismo, el Ejecutivo plantea quitarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) la facultad de elegir autoridades como el Defensor del Pueblo, el Contralor General y el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que sea la Asamblea Nacional quien se encargue de ello.
A su vez, también apunta a que la Asamblea escoja a los miembros del Cpccs, de modo que ya no se haga por votación universal, cuya próxima elección coincidiría con este mismo referéndum.
Respecto a materia ambiental, la consulta del Gobierno es sobre la creación de un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y un sistema de compensación por servicios ambientales prestados por personas, comunidades, pueblos o nacionalidades.
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