El Departamento de Justicia Estados Unidos reveló mediante un comunicado, nuevos detalles de la condena contra la ex enfermera de Chávez y su esposo Adrián José Velásquez Figueroa.
En ese contexto, se reveló que los dos involucrados aceptaron más de 100 millones de dólares en sobornos de Raúl Gorrín, empresario multimillonario venezolano propietario de la red de noticias Globovisión.
«Gorrín pagó sobornos a Díaz, incluso a través de su esposo Velásquez, para obtener acceso a comprar bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favorable, lo que resultó en cientos de millones de dólares en ganancias«, informó el Departamento.
COMUNICADO ÍNTEGRO
Un jurado federal en el Distrito Sur de Florida condenó a la ex tesorera nacional de Venezuela y a su esposo el 13 de diciembre por su participación en un esquema de lavado de dinero, soborno y cambio de moneda de miles de millones de dólares.
Claudia Patricia Díaz Guillén, de 49 años, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, de 43, ambos ciudadanos venezolanos, fueron extraditados de Madrid, España, a principios de este año.
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Díaz y Velásquez aceptaron más de 100 millones de dólares en sobornos del coconspirador Raúl Gorrín Belisario, de 54 años, un empresario multimillonario venezolano propietario de la red de noticias Globovisión.
Gorrín pagó sobornos a Díaz, incluso a través de su esposo Velásquez, para obtener acceso a comprar bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favorable, lo que resultó en cientos de millones de dólares en ganancias. La conspiración involucró grandes cantidades de efectivo escondido en cajas de cartón, compañías ficticias en el extranjero, cuentas bancarias suizas y transferencias bancarias internacionales enviadas por Gorrín para comprar múltiples jets privados, yates y para financiar una línea de moda de alta gama iniciada por Díaz y Velásquez en el sur de Florida.
“Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa lavaron los sobornos que recibió Díaz como Tesorero Nacional de Venezuela”, dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia.
“Díaz abusó de su posición como funcionaria pública para llenarse los bolsillos con más de cien millones de dólares, que ella y sus cómplices gastaron en aviones y yates privados y lavaron a través del sistema financiero estadounidense. Ya sea en el país o en el extranjero, la División Criminal y sus socios están comprometidos a combatir enérgicamente el soborno y responsabilizar a los funcionarios corruptos”.
“Desafortunadamente, las personas en posiciones de poder y confianza pública a veces rompen esa confianza y usan su poder para obtener ganancias egoístas”, dijo el fiscal federal Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida. “Nos mantendremos alerta en nuestra lucha contra la corrupción y enjuiciaremos a los culpables en toda su extensión”.
“Este veredicto envía un mensaje claro a los cleptócratas extranjeros como Díaz y Velásquez Figueroa, que son culpables de robo de miles de millones de dólares utilizando sus puestos de confianza para su propio beneficio personal”, dijo el agente especial a cargo Michael E. Buckley de Investigaciones de Seguridad Nacional. (HSI) Oficina local de Miami. “El Grupo de Trabajo Sur El Dorado de HSI Miami trabajará incansablemente para perseguir a las personas y organizaciones que están involucradas en esta práctica ilícita y llevarlos ante la justicia”.
Gorrín fue acusado formalmente en agosto de 2018 y sigue acusado en la acusación formal superior como coconspirador en el mismo esquema de lavado de dinero. Actualmente se encuentra prófugo residente en Venezuela.
Díaz y Velásquez fueron declarados culpables cada uno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de lavado de dinero. Velásquez también fue condenado por un segundo cargo de lavado de dinero. Díaz y Velásquez están programados para ser sentenciados el 21 de febrero de 2023 y enfrentan una pena máxima posible de 20 años de prisión por cada cargo de condena. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
HSI Miami, HSI Houston, HSI Boston, FBI Miami y la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC-OIG) investigaron el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una asistencia significativa en este asunto. El departamento agradece la importante cooperación brindada por las autoridades en España y Suiza.
Los abogados litigantes Paul Hayden y Michael Culhane Harper de la Sección de Fraude de la División Criminal y los fiscales federales adjuntos Kurt Lunkenheimer y Joshua Paster para el Distrito Sur de Florida están procesando el caso.
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