Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) pidieron a Irán que detenga «inmediatamente» el uso de la pena capital en respuesta a las protestas por la muerte de Masha Amini, la joven fallecida en custodia policial tras haber sido arrestada por llevar mal colocado el velo islámico.
«El Consejo Europeo (los líderes) condena firmemente las recientes sentencias de pena de muerte dictadas y ejecutadas en el contexto de las protestas en curso en Irán. Pide a las autoridades iraníes que pongan fin de inmediato a esta práctica y anulen sin retraso las recientes sentencias», declaran los mandatarios.
Los jefes de Estado y Gobierno se pronuncian en ese sentido en las conclusiones que adoptaron durante la cumbre celebrada hoy en Bruselas.
Los líderes recalcan que la Unión Europea «se opone firmemente al uso de la pena de muerte en todo momento y en todas las circunstancias, como una inaceptable negación de la dignidad e integridad humanas».
Asimismo, los Veintisiete reiteran su petición a las autoridades iraníes de que detengan «el injustificable uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos, en particular, contra las mujeres».
Los mandatarios, igualmente, recuerdan las conclusiones que adoptaron los ministros de Exteriores en su reunión del pasado lunes, en las que expresaron su «firme condena» al «uso generalizado, brutal y desproporcionado de la fuerza» por parte de las autoridades iraníes contra manifestantes pacíficos, incluidos mujeres y niños, que ha causado «la pérdida de cientos de vidas, en clara violación de los principios fundamentales consagrados en el Derecho internacional».
Los ministros instaron a las autoridades iraníes a poner fin «de inmediato» a las penas de muerte que están imponiendo y ejecutando contra manifestantes, sobre las que expresaron su «firme condena».
Al mismo tiempo, pidieron que Irán elimine, «en la ley y en la práctica», todas las formas de discriminación sistémica contra las mujeres y las niñas en la vida pública y privada.
Esta semana, la UE aprobó la tercera ronda de sanciones contra Irán por reprimir a los manifestantes que protestan contra el régimen.
La UE incluyó en su lista de sanciones a veinte individuos, entre ellos a periodistas y generales de la Guardia Revolucionaria y la Radiotelevisión de la República Islámica de Irán.
Las medidas restrictivas comprenden la congelación de activos, la prohibición de viajar a la Unión Europea y de poner fondos o recursos económicos a disposición de los afectados.
Tras casi tres meses de movilizaciones, más de 400 muertos y miles de detenidos, las autoridades han comenzado a ejecutar a manifestantes para tratar de controlar unas movilizaciones protagonizadas sobre todo por jóvenes y mujeres, que piden más libertades.
El 8 de diciembre, fue ejecutado un joven de 23 años, Mohsen Shekari, la primera ejecución de una persona por participar en las protestas. Cuatro días más tarde, fue ahorcado públicamente Majid Reza Rahnavard, también de 23 años, por el presunto asesinato de dos milicianos islámicos, tras ser condenado en un juicio de un día por «enemistad contra dios».
La ejecución pública es un procedimiento que había caído en desuso en los últimos años en Irán en un intento por mejorar la imagen del país, uno de los principales del mundo en la aplicación de la pena de muerte, con 314 ejecuciones -la mayoría por delitos de drogas- en 2021, según Amnistía Internacional.
Ambas ejecuciones provocaron un aluvión de críticas a Teherán y ahora se teme por la vida de otros nueve presos que han sido condenados a la pena máxima, la mayoría por «enemistad contra dios», lo que incluye crear el terror entre la población, dañar bienes públicos y herir o matar a agentes de seguridad.
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