Una nueva movilización que congregó a varios sectores de Santa Cruz, la mayor región de Bolivia, exigió este martes la libertad del gobernador de esa región, Luis Fernando Camacho, acusado por terrorismo en un caso relacionado a la crisis política de 2019.
Como ha sido constante en las últimas jornadas, varios sectores, entre ellos creyentes católicos y evangélicos junto a otras instituciones se concentraron en la plaza principal para emprender una caminata hasta el Cristo Redentor, lugar simbólico en el que habitualmente se realizan los cabildos cívicos.
«Democracia sí, dictadura no», «basta de atropellos», «la firmeza del cruceño es la esperanza nacional» fueron los estribillos o escrituras en las pancartas que no han dejado de insistir en la liberación de Camacho.
Una vez en el Cristo Redentor, y después de unos cuantos discursos, una parte de los movilizados, principalmente mujeres, recorrió las calles hasta llegar al Comando de la Policía, para instalar una vigilia.
Justamente ese ha sido el sitio en el que las anteriores jornadas han prevalecido los enfrentamientos entre los manifestantes que exigen la libertad del gobernador y la Policía, en los que hubo decenas de detenidos.
En declaraciones a los medios, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, manifestó que la marcha de este martes fue una muestra de «la insatisfacción de la población» con el Gobierno ante lo que consideró el «secuestro del gobernador y el abuso policial».
La Policía arrestó a Camacho el pasado miércoles para luego trasladarlo de Santa Cruz a La Paz para cumplir una orden de aprehensión en la que se le acusa de terrorismo, por el caso denominado «golpe de Estado I» relacionado a la crisis política de 2019.
Un juez dispuso la detención por cuatro meses del gobernador cruceño en un pena de máxima seguridad, a 35 kilómetros de La Paz, a casi 4.000 metros de altitud, en el altiplano del país.
Por su parte, el vocero presidencial, Jorge Richter, en una rueda de prensa en La Paz, condenó que las protestas por la liberación de Camacho en Santa Cruz se basen en la «confrontación y tensionamiento» en ese departamento y acusó a los dirigentes cívicos de buscar a impunidad por los sucesos de 2019.
Richter insistió en que la situación de Camacho es una cuestión «estrictamente jurídica» y advirtió que los enfrentamientos que derivaron en destrozos a instituciones públicas van a tener «responsabilidades legales».
La denuncia por el caso «golpe de Estado I» la presentó una exlegisladora del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) a finales de 2020 por la crisis política de 2019.
El oficialismo sostiene que ese año hubo un golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales, mientras que los opositores aseguran que la renuncia de Morales a la Presidencia fue consecuencia de las protestas ante las denuncias de un fraude a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.
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